El exministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, fue procesado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, bajo la acusación de lavado de dinero y corrupción en el manejo de fondos provenientes de multas de tránsito y la Verificación Técnica Vehicular (VTV). La resolución judicial incluyó un embargo sobre los bienes de D’Onofrio por 350 millones de pesos, mientras que Facundo Asensio, exdirector de Fiscalización y Control, también fue procesado y embargado por 300 millones de pesos.

La investigación, que comenzó en septiembre de 2024, reveló la existencia de una estructura criminal destinada a sustraer fondos públicos mediante la manipulación de multas y la VTV. Entre las maniobras detectadas, se destaca la compra de un vehículo de alta gama, un Audi Q8, cuya titularidad fue ocultada a través de un testaferro y empresas pantalla. El juez Charvay señaló que Asensio actuó como interpuesto registral, mientras que D’Onofrio utilizaba el vehículo y gestionaba sus trámites, evidenciando un esquema típico de lavado de activos.

Además, la causa federal por lavado de dinero se complementa con una investigación paralela en la justicia provincial, donde se indaga sobre una red de gestores y funcionarios que ofrecían eliminar multas a cambio de pagos, involucrando a jueces de faltas y otros actores del sistema vial bonaerense. Testimonios ante la justicia describieron reuniones y pagos en efectivo, así como la utilización de sociedades creadas en el exterior para ocultar bienes y fondos.

La Coalición Cívica, a través de su presidente en Pilar, Matías Yofe, amplió la denuncia y solicitó que se investiguen los vínculos entre D’Onofrio, el intendente de Pilar y una concejal massista, señalando la posible existencia de un entramado de corrupción política. "En Pilar parece haber funcionado un entramado de corrupción política que debe ser esclarecido por la Justicia", afirmó Yofe.

El caso ha puesto en la mira el funcionamiento del sistema de fotomultas y la adjudicación de concesiones de la VTV en la provincia, prácticas históricamente cuestionadas por su falta de transparencia. La investigación continúa en distintas jurisdicciones, incluyendo la colaboración de la Unidad de Información Financiera y autoridades extranjeras, mientras la justicia busca determinar el alcance total de la red y el destino de los fondos desviados.