La Justicia argentina atraviesa una crisis sin precedentes marcada por la falta de designaciones y un récord de vacantes en cargos clave. Desde la asunción de Javier Milei en 2023, 83 magistrados nacionales y federales, entre jueces, fiscales y defensores, presentaron su renuncia, mientras que en el mismo período no se concretó ninguna designación nueva. Esta situación ha llevado a que el 37% de los cargos nacionales y federales permanezcan vacantes, lo que equivale a 609 puestos sin cubrir.

El Consejo de la Magistratura ha cumplido con la selección de candidatos y la elevación de ternas al Poder Ejecutivo, pero la falta de acuerdos políticos ha paralizado el proceso de designación. Fuentes oficiales indicaron que el Gobierno planea enviar 150 pliegos al Senado en marzo de 2026, cuando se reanuden las sesiones ordinarias. "Los jueces son los que meten presos a los delincuentes, a los narcos y a los políticos corruptos... Por eso es tan importante esta medida", afirmó el vocero presidencial Manuel Adorni.

El problema no es exclusivo del ámbito nacional. En Tucumán, el Consejo Asesor de la Magistratura logró un récord histórico de ternas elevadas, pero más del 90% de ellas sigue sin definición por parte del Ejecutivo, dejando más de 55 vacantes sin cubrir. En Entre Ríos, la Justicia Federal enfrenta 12 vacantes, lo que representa un tercio de los cargos, y la cobertura se complica por la distribución geográfica y la falta de concursos convocados.

El temor a una nueva reforma previsional, sumado a los antecedentes de cambios en el régimen jubilatorio durante el gobierno de Alberto Fernández, ha acelerado las renuncias de magistrados, que buscan jubilarse bajo la normativa vigente. En 2025, por primera vez, hubo más renuncias de mujeres que de hombres.

La falta de designaciones afecta la eficiencia y estabilidad del sistema judicial, con tribunales críticos funcionando sin jueces titulares desde hace años. Además, el cargo de Procurador General de la Nación sigue vacante desde 2017, lo que agrava el vacío institucional. La Asociación de Magistrados y diversas voces del sector advierten sobre el impacto negativo de esta parálisis en la administración de justicia y la prestación de servicios a la ciudadanía.

El Gobierno sostiene que la situación se revertirá con el envío de pliegos en 2026, pero la resolución depende de acuerdos políticos en el Congreso. Mientras tanto, la crisis en la Justicia argentina continúa profundizándose, con consecuencias directas en el acceso y la calidad del servicio judicial.