En Córdoba, un movimiento de trabajadores judiciales autodenominado "autoconvocados" ha generado tensiones en el ámbito político y judicial. Este grupo, que rechaza las conducciones gremiales tradicionales, tomó el Salón de los Pasos Perdidos en Tribunales I para exigir un aumento salarial que compense una pérdida estimada del 50% de su poder adquisitivo.

La protesta se intensificó tras una reestructuración en el Poder Judicial que dejó a los empleados con salarios desactualizados desde enero. Según Atilio Valverde, delegado gremial, los salarios actuales no alcanzan para cubrir la canasta básica, mientras que Julio Piumato, líder sindical, denunció una pérdida salarial del 34,2% en los últimos 16 meses. Además, los trabajadores demandan una equiparación con los salarios de la Justicia Federal, donde los magistrados y funcionarios tienen ingresos significativamente mayores.

El fenómeno de los "autoconvocados" no es nuevo en Córdoba. En 2022, un movimiento similar en el sector salud logró aumentos salariales significativos tras meses de conflicto. Este tipo de movimientos, que rechazan las estructuras tradicionales, han generado comparaciones con los libertarios en la política, según analistas locales.

En el ámbito político, las reacciones han sido diversas. Mientras algunos sectores del oficialismo minimizan el impacto de estas protestas, otros advierten sobre su potencial para influir en las próximas elecciones. Por su parte, la oposición ve en estas manifestaciones una oportunidad para criticar los 25 años de gobierno del PJ en Córdoba, señalando problemas como la corrupción y la inseguridad.

El contexto político provincial también juega un papel crucial. Aunque el gobernador Martín Llaryora mantiene una imagen positiva, las encuestas revelan que la corrupción es una de las principales preocupaciones de los cordobeses, lo que podría alimentar el descontento social. Además, la dispersión opositora entre el juecismo, el radicalismo y los libertarios complica un frente unificado contra el oficialismo.

En conclusión, las protestas de los "autoconvocados" representan un desafío significativo para el gobierno provincial y las estructuras gremiales, con implicaciones que podrían extenderse más allá del ámbito judicial.