El debate por la modificación de la Ley de Zonas Frías ha encendido la preocupación en varias provincias argentinas, especialmente Mendoza, Santa Fe y Tandil. El proyecto, que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados, propone eliminar o restringir los subsidios al gas que benefician a millones de usuarios residenciales, entidades sociales y pymes en regiones con inviernos rigurosos.

En Mendoza, la Federación Económica (FEM) advirtió que la eliminación del régimen podría afectar directamente a miles de familias, trabajadores y pequeñas empresas. Según la entidad, los usuarios que hoy reciben un descuento del 30% en sus facturas de gas pasarían a pagar hasta un 43% más, mientras que los hogares vulnerables podrían ver duplicados sus costos. La FEM solicitó a los senadores mendocinos que rechacen cualquier modificación que implique un retroceso en los beneficios, argumentando que la incorporación de la provincia al régimen se basó en estudios técnicos y criterios climáticos objetivos.

En Santa Fe, la senadora nacional Carolina Losada se mostró cautelosa y pidió postergar cualquier cambio hasta después del invierno, señalando que la situación socioeconómica y las bajas temperaturas hacen inviable una quita inmediata del beneficio. Losada remarcó la necesidad de un debate técnico y coordinado con la gobernación provincial, y criticó la presión mediática ejercida por concejales locales.

En Tandil, el dirigente Alejandro Topo Rodríguez alertó que la derogación de los beneficios tarifarios podría concretarse en el corto plazo y calificó la medida como "una decisión de brutos e insensibles". Rodríguez destacó que la eliminación del descuento, sumada a los aumentos tarifarios ya aplicados, llevaría a que los hogares paguen al menos un 55% más en sus facturas de gas. Además, cuestionó la gestión del fondo fiduciario que financia el régimen, señalando que pasó de superávit a déficit en 2024.

El proyecto de ley busca derogar artículos clave de la Ley 27.637, eliminando los criterios climáticos y priorizando la focalización de subsidios según ingresos. Mientras el Gobierno nacional sostiene que la reforma apunta a una mayor equidad, los actores locales advierten sobre el impacto negativo en la economía regional y la calidad de vida de los habitantes. El Senado tendrá la última palabra sobre el futuro del régimen, en un contexto de fuerte presión social y política.