La Legislatura de la provincia de Buenos Aires aprobó una reforma fiscal que permitirá al gobierno de Axel Kicillof cobrar una alícuota del 9% de Ingresos Brutos sobre las ganancias que los bancos obtengan por operar con títulos públicos emitidos por el Gobierno nacional. La medida, que fue incluida en el artículo 99 de la Ley Fiscal, no será de aplicación automática, ya que requiere una reglamentación específica por parte del Ejecutivo bonaerense para entrar en vigencia, lo que podría abrir una instancia de negociación adicional.

La nueva disposición excluye de este impuesto a los títulos emitidos por otras provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios, así como a las obligaciones negociables de empresas privadas. De este modo, la carga fiscal recae exclusivamente sobre las operaciones con deuda nacional, lo que ha generado críticas tanto en el sector financiero como en la oposición política. Según estimaciones del sector, la medida podría incrementar entre un 30% y un 40% el pago de Ingresos Brutos que los bancos realizan en la provincia, un costo que, advierten, podría trasladarse a las tasas de interés y a los servicios bancarios ofrecidos a familias y empresas.

El diputado Matías Ranzini, presidente del bloque bonaerense del PRO, calificó la iniciativa como un "disparate" y anticipó el rechazo de su espacio. "El kirchnerismo quiere imponer la eliminación de la exención a ingresos brutos a operaciones con títulos públicos y obligaciones negociables en su Ley Impositiva en PBA. Quieren recaudar más a toda costa a expensas de encarecer el financiamiento del sector privado", expresó Ranzini.

La provincia de Buenos Aires ya aplica una de las alícuotas más altas del país para actividades financieras, junto con otras jurisdicciones como Tucumán, Neuquén y Entre Ríos. Sin embargo, la decisión de gravar exclusivamente los bonos nacionales ha sido interpretada como un nuevo capítulo en la disputa fiscal entre la administración bonaerense y el Gobierno nacional, en un contexto de creciente tensión por la distribución de recursos y el financiamiento estatal.

Analistas y representantes del sector financiero advierten que la medida podría judicializarse y contribuir a una mayor fragmentación del sistema fiscal argentino, mientras que la reglamentación pendiente deja abierta la posibilidad de futuras negociaciones o modificaciones.