El triple femicidio ocurrido en Florencio Varela, donde Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez fueron halladas asesinadas y descuartizadas, ha generado una profunda conmoción en la sociedad argentina. Las víctimas, dos de ellas trabajadoras sexuales y una menor de edad, desaparecieron la semana pasada y sus cuerpos fueron encontrados en una vivienda de la localidad bonaerense, en un hecho que se investiga por sus posibles vínculos con el crimen organizado y el narcotráfico.

La Confederación General del Trabajo (CGT), a través de su área de Mujeres Trabajadoras, emitió un comunicado expresando "profundo dolor y máximo repudio" por los crímenes, y exigió una "justicia responsable y transparente". La central obrera denunció el deterioro social y político, la desarticulación de dispositivos de contención y la caída de ingresos familiares, señalando que el Estado "cada vez más chico y diezmado" no cumple con su obligación de protección y prevención de la violencia de género.

Organizaciones feministas y sociales, como el Sindicato de Trabajadorxs Sexuales, No Tan Distintes y YoNoFui, también se manifestaron, destacando la precariedad y vulnerabilidad que atraviesan las mujeres en los barrios populares. "Hay algo de la precariedad de la vida y de nuestra forma de acompañar a las compañeras y de componernos con esa vida, que es muy común a las tres organizaciones", expresó Alejandra Rodríguez, de YoNoFui. Las referentes señalaron que el retiro del Estado y el recorte de subsidios han profundizado la crisis, dejando a las mujeres expuestas a situaciones de violencia y desamparo.

El tratamiento mediático del caso fue duramente criticado por los colectivos, quienes denunciaron la revictimización y la espectacularización del dolor, así como la instalación de discursos de odio y prejuicios de clase y género. "No hay buenas y malas víctimas, hay femicidios", sostuvieron desde la CGT, mientras que otras voces advirtieron sobre el peligro de moralizar las trayectorias de vida de las jóvenes y justificar el crimen por su condición social.

En lo que va de 2025, se contabilizan entre 150 y 164 femicidios en Argentina, según observatorios y ONGs, lo que evidencia la gravedad de la problemática. El caso de Florencio Varela se inscribe en una tendencia de violencia patriarcal y criminalidad organizada que afecta especialmente a mujeres jóvenes y trabajadoras sexuales en contextos de pobreza y exclusión.

La indignación pública se tradujo en convocatorias a marchas y asambleas, con el lema "Ni Una Menos" y el reclamo de políticas integrales para enfrentar la violencia de género. Referentes sociales y feministas insisten en la necesidad de recomponer el tejido social y garantizar la protección de los sectores más vulnerables, señalando que el Estado es responsable por la falta de respuestas y prevención.