El periodista y streamer Tomás Rebord fue denunciado penalmente por presunto antisemitismo tras comentarios realizados en su programa de streaming, lo que desató una fuerte polémica en el ámbito político y mediático argentino. La denuncia fue presentada por el abogado Jorge Monastersky ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 13 de la Ciudad de Buenos Aires, especializada en discriminación. Según el denunciante, Rebord insinuó que la comunidad judía podría estar vinculada con los incendios en la Patagonia y ridiculizó símbolos religiosos como el Muro de los Lamentos.

El presidente Javier Milei celebró la denuncia a través de sus redes sociales, calificando la acción como una "Masterclass" y etiquetando a la DAIA, principal organización representativa de la comunidad judía en Argentina. "En la Argentina el antisemitismo no puede naturalizarse ni justificarse bajo ninguna forma, tampoco bajo el escudo del humor", expresó Monastersky en declaraciones públicas, agradeciendo el respaldo del mandatario.

En su defensa, Rebord rechazó las acusaciones y sostuvo que sus comentarios estaban dirigidos a cuestionar la política exterior del gobierno y la frecuencia de los viajes presidenciales a Israel, no a la religión. "Me llamaba la atención que al gobierno lo único que le preocupaba no era apagar el fuego, sino aclarar que no eran antisemitas. Con lo cual, siento que sus prioridades están un tanto extrañas", afirmó el conductor en su descargo. Además, denunció que la judicialización de sus dichos forma parte de un intento de silenciar voces críticas.

La controversia escaló con la intervención de otros actores políticos, como la diputada Lilia Lemoine, quien utilizó el caso para atacar tanto a Rebord como a la vicepresidenta Victoria Villarruel, y cuestionó la veracidad de las afirmaciones del periodista sobre los viajes de Milei a Israel. El episodio reavivó el debate sobre los límites entre la libertad de expresión, el humor político y los discursos de odio en Argentina, en un contexto de creciente judicialización de la crítica mediática y política.

El caso de Rebord se suma a una serie de denuncias contra periodistas críticos del gobierno, lo que genera preocupación en sectores que advierten sobre posibles restricciones a la libertad de prensa y expresión. Mientras tanto, la causa judicial sigue su curso y el debate público continúa abierto sobre el alcance de la sátira y la responsabilidad de los comunicadores en el actual clima político.