El reciente caso de doble femicidio en Córdoba ha generado conmoción en la sociedad argentina. Pablo Laurta, ciudadano uruguayo, fue detenido tras asesinar a su expareja Luna Giardina, a la madre de esta, Mariel Zamudio, y al remisero Martín Palacio. Los hechos ocurrieron luego de que Laurta, con antecedentes de violencia y una orden de restricción, cruzara ilegalmente desde Uruguay a Argentina, planificando su accionar con prácticas previas de kayak para atravesar el río Uruguay.

Según la investigación, Laurta llegó a Córdoba tras contratar al remisero Palacio, a quien ofreció una suma considerable de dinero. Palacio fue hallado posteriormente sin vida y mutilado en Entre Ríos, lo que refuerza la hipótesis de un plan premeditado y meticuloso. Tras cometer los asesinatos, Laurta secuestró a su hijo de seis años y emprendió la fuga hacia Uruguay, siendo finalmente capturado en Gualeguaychú. El vehículo utilizado para la huida fue encontrado camuflado en la costa uruguaya, lo que evidencia la preparación del escape.

El caso ha puesto en evidencia las falencias del sistema judicial y de protección a las víctimas de violencia de género. Luna Giardina había denunciado a Laurta por violencia física, económica y psicológica, y contaba con una orden de alejamiento que no fue suficiente para evitar el desenlace fatal. Peritos forenses han calificado a Laurta como un “psicópata totalmente imputable”, mientras que autoridades de seguridad destacaron la meticulosidad de su accionar.

Durante su traslado a la fiscalía, Laurta justificó sus crímenes afirmando: “Todo fue por justicia”, y mostró ausencia de remordimiento. El caso ha reavivado el debate sobre la efectividad de las medidas de protección y la necesidad de una respuesta más contundente ante la violencia de género en Argentina. Se espera que en los próximos días Laurta sea trasladado a Córdoba para ser indagado por los femicidios, mientras continúan las pericias para confirmar la identidad del remisero asesinado.