La Justicia argentina avanzó en la recuperación de activos vinculados a la corrupción con el decomiso de 20 propiedades de Cristina Fernández de Kirchner y más de 80 de Lázaro Báez, en el marco de la causa Vialidad. La medida, dictada por el Tribunal Oral Federal 2 y ratificada por la Corte Suprema, busca restituir al Estado bienes obtenidos ilícitamente a través de la adjudicación irregular de 51 obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.

El monto total del decomiso, actualizado por peritos oficiales, supera los $684.990 millones. Entre los bienes afectados se encuentran hoteles emblemáticos en El Calafate, propiedades en Santa Cruz y activos de empresas ligadas a la familia Kirchner y Báez. De las 20 propiedades de la familia Kirchner, solo una está a nombre de la ex presidenta, mientras que las restantes pertenecen a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, quienes recibieron varios inmuebles como adelanto de herencia.

El proceso de decomiso es progresivo y podría ampliarse a más bienes, incluyendo sumas en dólares pertenecientes a Florencia Kirchner, actualmente bajo análisis judicial. La Corte Suprema de Justicia será la encargada de decidir el destino final de los bienes: podrán ser utilizados por el Poder Judicial, cedidos con fines sociales o rematados, según lo determine el máximo tribunal.

La causa Vialidad es considerada uno de los casos más relevantes de recuperación de activos por corrupción en la historia argentina. El decomiso es una pena accesoria que priva a los condenados de los efectos del delito, diferenciándose del embargo, que es una medida cautelar. Cambios recientes en la legislación sobre el destino de bienes decomisados han generado debates y recursos judiciales, pero la Corte mantiene el control sobre la administración y asignación de estos activos.

La decisión judicial ha generado repercusión pública, especialmente por el impacto en Florencia Kirchner, quien enfrenta disputas procesales por la titularidad de algunos bienes. La defensa sostiene que varias propiedades fueron cedidas antes de los hechos investigados, mientras que la Fiscalía argumenta que forman parte del patrimonio ilícitamente obtenido. El proceso continúa bajo la mirada de la opinión pública y se espera que siente precedentes en la lucha contra la corrupción y la recuperación de activos en Argentina.