El gobierno de Javier Milei ha intensificado en las últimas semanas su ofensiva contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia, en una disputa que trasciende lo deportivo y se inscribe en la lucha por el poder político y territorial en la Argentina. La estrategia oficial, que apunta a intervenir la conducción del fútbol argentino tras el Mundial, se desarrolla en paralelo a una serie de tensiones con el PRO y a la crisis de alianzas en el Congreso.

La ofensiva del Ejecutivo se materializó en una serie de acciones judiciales y administrativas. La Inspección General de Justicia (IGJ) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) intimaron a la AFA y a la Liga Profesional de Fútbol a rendir cuentas por balances y movimientos financieros que superan los 450 millones de dólares. Además, se amplió una denuncia penal por retención indebida de tributos, con un monto bajo sospecha de más de 19.300 millones de pesos. En simultáneo, la ministra Patricia Bullrich denunció a Tapia y al tesorero Pablo Toviggino ante la CONMEBOL por presuntas violaciones al Código de Ética y políticas anticorrupción.

Desde la AFA, la respuesta fue de confrontación abierta. Tapia y su entorno denunciaron una "persecución política" y advirtieron que el objetivo final del Gobierno es intervenir la entidad y avanzar con la implementación de Sociedades Anónimas Deportivas, en contra del modelo tradicional del fútbol argentino. La disputa se da en un contexto de creciente tensión política, con el PRO judicializando la designación de autoridades en la Auditoría General de la Nación y acusando al oficialismo de pactar con el kirchnerismo.

El trasfondo de la pelea incluye la intención de Milei de debilitar las estructuras de poder ligadas al peronismo en la provincia de Buenos Aires, considerada clave para las próximas elecciones. Analistas coinciden en que el control del fútbol es visto por el oficialismo como una herramienta para reconfigurar el mapa político bonaerense y nacional. Mientras tanto, la interna en La Libertad Avanza muestra señales de debate y diferencias estratégicas, pero la hoja de ruta parece clara: consolidar poder institucional y disputar espacios de influencia más allá de la política tradicional.

El desenlace de este conflicto podría tener implicancias profundas tanto en el ámbito deportivo como en el político, redefiniendo alianzas y estructuras de poder en la Argentina de cara a los próximos años.