La actividad portuaria argentina quedó completamente paralizada durante 48 horas por un paro total de la Marina Mercante y gremios marítimos, en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno. La medida, que comenzó en la medianoche del miércoles 19 de febrero, afectó exportaciones de granos, productos agroindustriales y el turismo de cruceros, generando un impacto directo en la economía nacional y en la logística portuaria.

La Federación Sindical Marítima y Fluvial (FESIMAF) y otros sindicatos del sector protestaron contra la exclusión de la Marina Mercante de la Ley de Contrato de Trabajo, lo que consideran un "retroceso significativo en materia de derechos laborales". Según Mariano Moreno, secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, "no nos dejan ni el 14 bis", en referencia a los derechos constitucionales de los trabajadores. El proyecto oficial, de aprobarse, remitiría a los trabajadores a la Ley de Navegación, considerada de carácter comercial y administrativo, debilitando la protección laboral y abriendo la puerta a la precarización.

La Prefectura Naval Argentina intervino en el conflicto, enviando intimaciones a la Cámara de Armadores de Remolcadores y advirtiendo sobre posibles delitos por poner en riesgo la seguridad de los buques. Sin embargo, los empresarios portuarios respondieron que no podían obligar a las tripulaciones a trabajar durante la huelga. El paro incluyó remolcadores, buques tanque, portacontenedores, pesqueros y embarcaciones de turismo, con guardias mínimas de seguridad para emergencias.

El impacto fue inmediato: al menos 12 embarcaciones y 381.000 toneladas de mercadería quedaron afectadas en puertos agroindustriales, principalmente en la zona de influencia de Rosario y en Quequén/Necochea. El puerto de Buenos Aires operó con severas restricciones, y el ingreso del crucero Costa Diadema sin remolcadores fue declarado en emergencia por la Prefectura, lo que evidenció la gravedad de la situación.

Los gremios anticipan que, si el Congreso no modifica el proyecto, podrían avanzar hacia una huelga por tiempo indeterminado y movilizaciones frente al Parlamento. El Gobierno, por su parte, sostiene que la reforma busca modernizar el sector y hacerlo más competitivo, mientras los sindicatos denuncian un "recorte de derechos" y la "monotributización" de la actividad. El conflicto, que comenzó como una disputa gremial, escaló a un enfrentamiento institucional de alto voltaje, con consecuencias directas para el comercio exterior y la economía argentina.

La situación se mantuvo tensa, con condiciones meteorológicas adversas y la incertidumbre sobre la salida de nuevos cruceros. El desenlace dependerá de la respuesta del Congreso y de la capacidad de diálogo entre las partes, en un contexto de reformas estructurales y resistencia sindical.