El presidente argentino Javier Milei sufrió un nuevo revés judicial en su cruzada contra la prensa. La fiscal federal Paloma Ochoa dictaminó que el periodista Ari Lijalad, denunciado por Milei por calumnias e injurias, no cometió delito alguno. Según la fiscal, las expresiones de Lijalad están protegidas por la libertad de prensa y la libertad de expresión, derechos fundamentales en una sociedad democrática.

La denuncia de Milei se originó tras la publicación de un artículo en el que Lijalad comparaba el discurso del mandatario con el utilizado por los nazis para justificar el Holocausto. En su dictamen, Ochoa subrayó que las expresiones del periodista se refieren a temas de interés público y, por lo tanto, gozan de una protección reforzada según la Constitución argentina y tratados internacionales. Además, recordó que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que las restricciones a la libertad de expresión deben ser proporcionales y que solo pueden sancionarse si se demuestra "real malicia".

Este caso es parte de una serie de denuncias presentadas por Milei contra periodistas, incluyendo a Carlos Pagni y Viviana Canosa. En el caso de Pagni, otro fiscal también desestimó las acusaciones, argumentando que las expresiones cuestionadas están amparadas por la libertad de expresión y el rol periodístico.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) criticó la denuncia de Milei, calificándola como un intento de intimidación contra el periodismo. "Lo de Ari Lijalad fue en todo momento el ejercicio de la libertad de expresión", señaló el CELS en un comunicado.

La decisión de la fiscalía ha sido interpretada como un respaldo a la libertad de prensa en un contexto de creciente polarización política en Argentina. Este fallo refuerza la importancia de proteger el derecho a informar y ser informado, especialmente en temas de interés público que involucran a funcionarios de alto rango como el presidente.