Las amenazas de tiroteos en escuelas de la provincia de Jujuy han generado una profunda preocupación en la comunidad educativa y han movilizado a las autoridades provinciales. Según confirmaron fuentes judiciales y gubernamentales, hasta el momento se investigan 27 casos en distintas localidades, incluyendo Libertador General San Martín, Fraile Pintado, Tilcara, San Pedro y San Salvador de Jujuy. Todas las personas involucradas son menores de 18 años, lo que ha motivado la intervención de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes.

El Ministerio Público de la Acusación informó que las amenazas, en su mayoría difundidas a través de redes sociales y mensajes en establecimientos educativos, son investigadas bajo la figura de "Intimidación Pública" prevista en el artículo 211 del Código Penal, que contempla penas de entre 2 y 6 años de prisión. "Estos hechos no son menores y serán sancionados conforme a la normativa vigente", advirtió el fiscal Pablo Martín de Tezanos Pinto, quien también confirmó la realización de allanamientos y el secuestro de elementos electrónicos que permitirán avanzar en la causa.

Las autoridades provinciales, en coordinación con los ministerios de Seguridad y Educación, han implementado protocolos de prevención, reforzando la presencia policial y el acompañamiento de equipos interdisciplinarios en las escuelas afectadas. La ministra de Educación, Daniela Teseira, subrayó la importancia de la colaboración entre escuela y familia, e instó a los padres a involucrarse activamente en el seguimiento de sus hijos y el control del uso de redes sociales.

Especialistas en salud mental, como la psiquiatra Mabel Sánchez, advirtieron sobre el impacto psicológico de estas amenazas y la necesidad de abordar la salud mental adolescente, proponiendo la creación de espacios de diálogo y escucha en las escuelas. "La construcción de soluciones debe ser colectiva, aprovechando la crisis actual para reflexionar y establecer ámbitos de escucha", enfatizó Sánchez.

El fenómeno, que también se ha registrado en otras provincias y países, pone en evidencia la influencia de los retos virales y la urgencia de actualizar los protocolos de actuación. Las investigaciones continúan en pleno desarrollo, con todos los recursos disponibles abocados al esclarecimiento de los hechos y la identificación de los responsables. Las autoridades insisten en que la prevención y el trabajo conjunto entre instituciones y familias son claves para enfrentar esta problemática.