Un nuevo caso de violencia infantil sacude a la ciudad bonaerense de Coronel Suárez. Maximiliano Eduardo Roth, de 23 años, fue detenido tras fracturarle el cráneo a un bebé de 11 meses, hijo de su actual pareja. El hecho ocurrió en una vivienda de la avenida Independencia al 700, donde la joven madre denunció haber estado retenida junto a sus dos hijos durante tres días.

Roth, quien había sido condenado en 2022 por golpear brutalmente a la hija de una expareja, obtuvo la libertad asistida por decisión del juez de Ejecución Penal N° 2 de Bahía Blanca, Onildo Stemphelet. El magistrado le concedió el beneficio basándose en informes del Servicio Penitenciario que calificaban su conducta como "ejemplar" y su concepto como "bueno". Entre las condiciones impuestas figuraban la asistencia a un curso de "deconstrucción de masculinidades", controles psicológicos y la abstención del consumo de drogas y alcohol.

Sin embargo, Roth reincidió en la violencia. Según la denuncia, mantuvo cautiva a su pareja de 19 años y agredió a sus hijos, provocando graves lesiones al bebé, quien fue trasladado de urgencia al Hospital Penna de Bahía Blanca. El menor, que presentaba múltiples fracturas en el cráneo, fue estabilizado y pasó de terapia intensiva a intermedia, encontrándose fuera de peligro.

La fiscal Claudia Lorenzo, de la UFIJ N° 15 de Bahía Blanca, imputó a Roth por tentativa de homicidio agravado por alevosía y lesiones leves agravadas por violencia de género. El acusado se negó a declarar ante la fiscalía. La policía secuestró elementos de la vivienda para pericias y continúa la investigación, mientras la comunidad local expresa su conmoción y repudio.

El caso ha generado fuertes críticas hacia el juez Stemphelet, conocido por sus fallos de excarcelación, muchos de los cuales han sido revocados por instancias superiores. Organismos judiciales y de protección de la infancia han manifestado su preocupación por la reincidencia de condenados liberados bajo medidas alternativas. El debate sobre la idoneidad de estas decisiones y la protección de las víctimas vuelve a estar en el centro de la agenda pública.