El triple femicidio ocurrido en Florencio Varela ha sacudido a la sociedad argentina y puesto en evidencia la brutalidad de las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico. Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron halladas enterradas en el patio de una vivienda precaria, tras permanecer cinco días desaparecidas. Las autopsias confirmaron que las jóvenes sufrieron torturas antes de ser asesinadas, en un hecho que la Fiscalía y el gobernador bonaerense Axel Kicillof calificaron como "narco-femicidio".

La investigación, liderada por el fiscal Adrián Arribas, ha resultado en la detención de seis personas, entre ellas Magalí Celeste González Guerrero, Andrés Maximiliano Parra, Iara Daniela Ibarra y Miguel Ángel Villanueva Silva, además de Víctor Sotacuro Lázaro y Ariel Giménez, este último acusado de cavar el pozo donde fueron enterradas las víctimas. Sotacuro fue capturado en Bolivia tras un operativo internacional coordinado por Interpol y las fuerzas de seguridad argentinas. Sin embargo, aún permanecen prófugos cuatro sospechosos, entre ellos Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", señalado como el presunto líder narco de nacionalidad peruana.

Las jóvenes fueron vistas por última vez en La Matanza, cuando subieron a una camioneta blanca. La investigación apunta a que fueron engañadas con la promesa de una fiesta y luego trasladadas a Florencio Varela, donde se perpetró el crimen. El caso ha revelado la existencia de una red narco con vínculos internacionales y una modalidad de violencia extrema, que incluye la transmisión de parte del ataque en redes sociales como amenaza a otras bandas.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, destacó la articulación entre fuerzas provinciales y nacionales, y reclamó una estrategia federal para enfrentar el avance del narcotráfico. Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reconoció que la organización de "Pequeño J" no estaba bajo investigación previa, lo que evidencia la complejidad y el dinamismo de las redes criminales.

Las familias de las víctimas han expresado su dolor y desconfianza en la investigación oficial, cuestionando la figura de "Pequeño J" como único responsable y denunciando la falta de comunicación por parte de las autoridades. Abogados como Fernando Burlando podrían asumir la representación legal de los familiares, quienes exigen que se investiguen todas las hipótesis y se haga justicia.

El caso ha generado movilizaciones sociales y feministas en distintas ciudades del país, bajo la consigna de que "ninguna víctima es descartable". La Defensoría del Pueblo ha pedido un tratamiento mediático respetuoso de la dignidad de las víctimas, recordando la necesidad de proteger la intimidad y reputación de niñas y adolescentes.

Mientras la investigación avanza, la sociedad argentina reclama respuestas y una política seria contra la narcocriminalidad, en un contexto de creciente preocupación por la violencia de género y el avance de las economías ilegales.