La relación entre el Gobierno nacional y los gobernadores de las provincias argentinas atraviesa su momento más tenso desde el inicio de la gestión de Javier Milei. El conflicto se agudizó tras la reciente aprobación en el Senado de proyectos que aumentan la coparticipación del impuesto a los combustibles y automatizan los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias, medidas que el Ejecutivo considera una amenaza para el equilibrio fiscal.

El presidente Milei acusó públicamente a los gobernadores de intentar "destruir al Gobierno" y anunció su decisión de vetar cualquier ley que, a su juicio, ponga en riesgo el superávit fiscal. "No buscamos que caiga el Gobierno. Si ese fuera el objetivo, no estaríamos actuando como lo hacemos", respondió Sergio Ziliotto, gobernador de La Pampa, quien junto a otros mandatarios provinciales reclama la apertura de un canal de diálogo con la Casa Rosada. Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, calificó de "absolutamente injusto" el enojo presidencial y recordó el apoyo brindado por varios gobernadores a iniciativas oficiales, incluso en desacuerdo, por responsabilidad institucional.

El costo fiscal de las medidas aprobadas es motivo de debate. Mientras el Gobierno estima que podrían representar hasta 2,5 puntos del PBI, otras fuentes calculan un impacto menor, entre 0,7% y 1,6%. Sin embargo, la preocupación central en la Casa Rosada es política: la inédita unidad de los 24 gobernadores para exigir recursos y la falta de interlocución efectiva con el Ejecutivo, agravada por internas entre Karina Milei y Santiago Caputo.

La vicepresidenta Victoria Villarruel también quedó en el centro de la polémica tras ser llamada "traidora" por Milei por presidir la sesión del Senado. La tensión interna se suma a la desconfianza generalizada que atraviesa el sistema político, especialmente de cara a las próximas elecciones.

Analistas advierten que la falta de acuerdos y el clima de confrontación pueden poner en riesgo la gobernabilidad y la estabilidad institucional. Mientras tanto, el oficialismo busca contener el veto presidencial en la Cámara de Diputados, en un contexto donde la política parece cada vez más dominada por la desconfianza y la falta de diálogo.