Un escándalo de maltrato infantil conmociona a la ciudad bonaerense de Balcarce, donde dos empleadas de la Sociedad de Protección a la Infancia fueron apartadas de sus cargos y enfrentan una investigación judicial por amenazas y violencia psicológica contra menores bajo su cuidado. La causa se inició tras la difusión de audios grabados por otra trabajadora del hogar, en los que se escuchan insultos, gritos y amenazas explícitas dirigidas a niños de entre 10 y 12 años.

Según fuentes judiciales, Alejandra Género, presidenta de la institución, y Marisa Benaduche, empleada, serán indagadas el próximo 17 de diciembre por los delitos de amenazas y coacción. Los audios, que forman parte del expediente, revelan un clima de hostilidad y maltrato: “Te rompo la cara de una cachetada”, “Te hago recagar a palos afuera” y “Te vas a la comisaría porque te voy a denunciar”, son algunas de las frases que se escuchan en las grabaciones. En uno de los episodios, un niño rompió un vidrio tras una crisis emocional al enterarse de la posible separación de su hermano, lo que desencadenó la intervención de las acusadas.

El Juzgado de Familia N°6 de Mar del Plata dictó una medida cautelar que prohíbe a Género, Benaduche y otros empleados acercarse a menos de 200 metros de los menores y tener cualquier tipo de contacto con ellos. Además, se enviaron oficios a la Dirección de Políticas de Género, Niñez y Adolescencia del Municipio de Balcarce y al Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos para garantizar el seguimiento y resguardo de los niños involucrados.

La institución, conocida como el “Patronato”, funciona como hogar convivencial para niños y adolescentes derivados por el Servicio Local o por orden judicial, provenientes de entornos de vulnerabilidad, violencia familiar o abandono. El caso ha generado fuerte repercusión en la comunidad y reavivó el debate sobre la situación de los hogares de protección infantil en Argentina. Especialistas y periodistas subrayan la necesidad de mayor control, profesionalización y acompañamiento psicológico tanto para los menores como para el personal a cargo.

Mientras la investigación penal avanza en el Juzgado de Garantías N°2 de Mar del Plata, la sociedad local y organismos de derechos de la infancia exigen justicia y una protección efectiva para los niños afectados. El caso podría sentar un precedente en la supervisión y funcionamiento de instituciones de cuidado infantil en el país.