La Justicia Federal argentina avanza en una investigación por presunto lavado de dinero que involucra a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El operativo más reciente tuvo lugar en el country Ayres Plaza de Pilar, donde la Policía Federal allanó dos lotes y una mansión de grandes dimensiones, atribuida a Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, y a su tesorero, Pablo Toviggino.

Según fuentes judiciales, la propiedad fue adquirida en 2017 por el exfutbolista Carlos Tevez, quien la vendió en 2023 a la empresa Malte SRL. Menos de un año después, la mansión pasó a manos de Real Central SRL, cuyos titulares formales son Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte. Ambos presentan perfiles económicos que no se condicen con el valor de los bienes adquiridos, lo que motivó la denuncia de la Coalición Cívica por la posible utilización de testaferros.

El juez federal Daniel Rafecas ordenó el congelamiento de bienes y cuentas bancarias de Pantano, Conte y Real Central SRL, así como la prohibición de salida del país para los implicados. Además, dispuso el levantamiento del secreto fiscal de Malte SRL y solicitó información impositiva sobre sus socios y directivos, entre los que figura Mauro Javier Paz, exdirector de la liga de fútbol femenino de la AFA.

La investigación reveló que Real Central SRL, originalmente una pequeña empresa gastronómica, experimentó un crecimiento patrimonial inusitado, ampliando su capital de 300.000 a 58 millones de pesos en pocos años y diversificando su objeto social hacia la logística y el transporte. Malte SRL, por su parte, fue proveedora de la AFA y recibió pagos por la implementación del sistema VAR.

La mansión en cuestión, ubicada en Villa Rosa, Pilar, cuenta con lujos como autos de colección, haras de caballos, helipuerto e instalaciones deportivas. La Justicia busca determinar el origen de los fondos utilizados para su adquisición y si existió un esquema de lavado de activos para ocultar a los verdaderos propietarios.

El caso se desarrolla en un contexto de creciente escrutinio sobre la dirigencia del fútbol argentino y podría tener implicancias significativas para la transparencia en el manejo de fondos en el deporte nacional. Mientras tanto, la causa sigue su curso en los tribunales federales, a la espera de nuevas definiciones sobre la competencia judicial y la responsabilidad de los involucrados.