Siete jóvenes fueron condenados a siete años de prisión por la violación grupal de una adolescente de 17 años, ocurrida en 2017 durante una fiesta en una quinta de Médanos, provincia de Buenos Aires. El fallo, dictado por el juez Hugo De Rosa del Tribunal en lo Criminal N°1 de Bahía Blanca, consideró a los acusados responsables bajo la figura de coautoría funcional, lo que implica que todos los partícipes compartieron la responsabilidad penal del abuso, independientemente de su rol material en el hecho.

La víctima, identificada como Enerina, asistió a la reunión junto a una amiga y fue aislada mediante un juego de cartas que la colocó en situación de vulnerabilidad. Según la investigación, tras ocultarle la ropa, fue llevada a una habitación donde fue rodeada y sometida sexualmente por varios de los presentes, mientras otros colaboraban para impedir que pudiera escapar o recibir ayuda. El testimonio de una amiga, que intentó intervenir y amenazó con llamar a la policía, resultó clave para la condena, así como las pericias psicológicas que acreditaron secuelas compatibles con estrés postraumático.

El fiscal Marcelo Romero Jardín había solicitado una pena de diez años de prisión, mientras que la querella reclamó doce. Sin embargo, el tribunal fijó la condena en siete años. A pesar de la gravedad del delito, los condenados no irán presos de inmediato, ya que el juez consideró que cumplieron con el proceso judicial y no intentaron evadir la investigación. Hasta que la sentencia quede firme, se les prohibió salir del país y contactar a la víctima.

El caso generó un fuerte impacto social y mediático, especialmente por la relación de confianza previa entre la víctima y los agresores, y por las dificultades que enfrentó Enerina para denunciar y sostener el proceso judicial. La joven relató las consecuencias físicas y emocionales sufridas, así como la presión social y el hostigamiento en su entorno. Actualmente, otros tres acusados, menores de edad al momento del hecho, serán juzgados en un proceso aparte.

La sentencia reavivó el debate sobre la respuesta judicial ante delitos sexuales y la revictimización de las víctimas, mientras la sociedad y los actores judiciales discuten la necesidad de reformas para evitar que casos similares se repitan.