La reciente aprobación de la reforma laboral en el Congreso argentino ha generado un intenso debate en el ámbito judicial y político, especialmente por la transferencia de competencias de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires. El capítulo aprobado establece que la función judicial en materia laboral pasará al ámbito porteño, con los recursos necesarios para su funcionamiento, y prevé un funcionamiento transitorio del fuero nacional.

El Artículo 91 del proyecto es considerado por jueces y magistrados como el cierre definitivo del Fuero Nacional del Trabajo. Andrés Basso, titular de la Asociación de Magistrados, expresó: "Este proyecto habla de cierre y disolución de un fuero entero de la Justicia Nacional. Es un caso de inusitada gravedad institucional". La medida implica que las nuevas causas laborales serán tramitadas por la justicia porteña, lo que, según los jueces, llevará a la desaparición progresiva del fuero laboral nacional.

Magistrados de primera instancia han advertido que el traspaso podría generar una sobrecarga de expedientes, demoras procesales y consecuencias directas para trabajadores y empleadores. Actualmente, la Justicia Nacional del Trabajo recibe aproximadamente 60.000 causas nuevas por año, lo que podría colapsar el sistema porteño si no se implementan mecanismos de transición claros y efectivos. Además, la introducción de nuevas leyes procesales y sistemas informáticos distintos requerirá un período de adaptación que podría afectar la celeridad y previsibilidad de las decisiones judiciales.

Diputados opositores, como Myriam Bregman, han denunciado la inconstitucionalidad de la transferencia y el impacto negativo en los derechos laborales. Bregman afirmó: "Metieron entre gallos y medianoche una transferencia de características constitucionales, que no tiene que ir por ningún modo en una ley laboral. No tiene nada que ver y es inconstitucional lo que están haciendo". También se ha señalado que la medida podría derivar en despidos de empleados judiciales y discriminación hacia trabajadores y abogados.

Por su parte, el ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, sostiene que el traspaso permitirá acelerar los tiempos de resolución y consolidar la autonomía judicial porteña. Sin embargo, jueces y sindicatos judiciales continúan en alerta y prevén presentar reparos ante la flexibilización. Se espera que la Corte Suprema intervenga ante la probable judicialización del proceso, mientras el debate sobre el futuro del fuero laboral nacional sigue abierto.

La reforma representa un cambio significativo en la estructura judicial argentina y plantea interrogantes sobre la protección de los derechos laborales, la continuidad de los empleados judiciales y la capacidad del sistema porteño para absorber el volumen de causas. El desenlace dependerá de la implementación de normas de transición y de la respuesta institucional de los distintos actores involucrados.