El cierre definitivo de la Fábrica Argentina de Porcelanas Armanino (FAPA), ubicada en Monte Grande, dejó a la Argentina sin producción local de aisladores eléctricos, un insumo esencial para el funcionamiento seguro de la red eléctrica nacional. Ante este escenario, el Gobierno nacional decidió suspender por seis meses los aranceles antidumping que gravaban la importación de estos productos desde China, Brasil y Colombia, con el objetivo de evitar el desabastecimiento y garantizar la continuidad de obras energéticas.

La medida, oficializada mediante la Resolución 345/2026 y firmada por el ministro de Economía Luis Caputo, responde a un pedido del propio sector industrial y a la recomendación de la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE). "La permanencia de la medida no solo carecería de objeto ante la inexistencia de producción nacional, sino que podría transformarse en un obstáculo para la estabilidad del servicio público eléctrico", señala el documento oficial.

FAPA, que abastecía el 70% del consumo aparente de aisladores de porcelana y era la única productora nacional, procedió a la liquidación total de su planta y al remate de su maquinaria. Según la Cámara de la Industria Electrónica, Electromecánica y Luminotécnica (Cadieel), ninguna otra empresa asociada produce actualmente estos componentes, dejando al mercado interno completamente dependiente de la oferta externa.

La suspensión de los aranceles alcanza a aisladores de porcelana de montaje rígido, de suspensión y pasantes para transformadores, utilizados en tensiones de hasta 60 kV. El Gobierno justificó la decisión en la necesidad de evitar demoras en obras energéticas y reducir costos para las empresas del sector, priorizando la estabilidad del suministro eléctrico sobre la protección industrial.

El cierre de FAPA se produce en un contexto de retracción industrial: el 44% de las empresas del sector reportó caídas en la producción durante 2025, y el 32% aplicó recortes de personal. Para los primeros meses de 2026, la mayoría de las firmas anticipaba mantener su nivel de producción y empleo, aunque persistía la cautela ante el nuevo escenario de dependencia total de importaciones.

La decisión gubernamental ha generado preocupación por el impacto en el empleo industrial y la pérdida de autonomía productiva, mientras que desde el sector energético y la CNCE se valoró la medida como necesaria para evitar riesgos en la infraestructura eléctrica nacional.