En Bahía Blanca, Gustavo Casamayou, un hombre de 62 años, falleció tras no resistir una cirugía cardíaca que había sido aprobada tardíamente por su obra social, Patrones de Cabotaje. El caso de Casamayou se hizo público luego de que su esposa, Miriam, denunciara en medios locales la falta de respuesta de la mutual para autorizar el procedimiento médico que él necesitaba con urgencia.

“Necesito que me escuchen, que me den el ok para operarlo. Estoy desesperada”, había declarado Miriam en una entrevista, visiblemente angustiada por la situación. La presión mediática generada por la difusión del caso finalmente llevó a que la obra social aprobara la intervención quirúrgica. Sin embargo, el estado de salud de Casamayou ya era crítico, y su cuerpo no resistió la operación.

Casamayou estaba internado en el área coronaria del Hospital Privado del Sur, donde aguardaba la autorización para la cirugía. La demora en la respuesta de la obra social y el desenlace fatal han generado indignación y reavivado el debate sobre la eficiencia del sistema de salud en Argentina, particularmente en lo que respecta a la actuación de las obras sociales en casos de urgencia.

Este caso no es aislado. La demora en la autorización de procedimientos médicos por parte de las obras sociales es un problema recurrente en el país, que afecta a miles de pacientes y sus familias. Organizaciones de pacientes han señalado que la falta de regulación y control estatal sobre estas entidades contribuye a que situaciones como la de Casamayou se repitan.

La familia de Casamayou expresó su dolor y frustración por lo ocurrido, mientras que sectores de la sociedad exigen reformas urgentes en el sistema de salud. Este caso pone nuevamente en evidencia la necesidad de garantizar un acceso más ágil y eficiente a los servicios médicos, especialmente en situaciones críticas donde la vida de los pacientes está en juego.