El Gobierno de Javier Milei ha implementado una reforma significativa en la ley que regula la asistencia a personas en situación de calle, delegando la responsabilidad de implementación a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La medida, oficializada el 2 de junio de 2025 mediante el Decreto 373/2025, modifica la Ley 27.654 de 2021, que hasta ahora centralizaba la responsabilidad en el Estado Nacional.

Según el nuevo marco normativo, el rol del Gobierno Nacional se limitará a la rectoría, supervisión y coordinación de las políticas públicas, mientras que las jurisdicciones locales asumirán la ejecución directa. "El abordaje territorial local permitirá una atención más eficaz y eficiente", afirmó el Ministerio de Capital Humano en un comunicado.

Entre los cambios más destacados, se encuentra la transferencia de la responsabilidad de garantizar el acceso a una vivienda digna a las provincias y municipios. La nueva redacción del artículo 10 de la ley establece que "las jurisdicciones locales, en coordinación con la Autoridad de Aplicación, deben elaborar e implementar políticas públicas de vivienda inclusivas e integrales".

Además, el decreto deroga el inciso a) del artículo 12, que obligaba a mantener o integrar todos los programas preexistentes en la materia sin permitir su revisión o modificación. Según el Gobierno, esta disposición constituía un obstáculo para la optimización de recursos y la eficacia de las políticas públicas.

El cambio ha generado diversas reacciones. Mientras el Gobierno defiende la medida como un avance hacia el federalismo y una forma de adaptar las políticas a las realidades locales, críticos advierten sobre la falta de recursos en las provincias para abordar la problemática. "Las provincias son definidas como las responsables inmediatas de la atención de las personas en esta situación, debiendo elaborar e implementar sus propias políticas públicas", señala el decreto.

La medida llega en un contexto de crisis económica y social, con un aumento en la cantidad de personas en situación de calle. Analistas señalan que la descentralización podría generar desigualdades en la implementación de las políticas, dependiendo de los recursos disponibles en cada jurisdicción.

En línea con la filosofía libertaria del presidente Milei, que busca reducir la intervención estatal, esta reforma también se inscribe en un marco de ajuste fiscal y reestructuración del Estado. En febrero pasado, el Gobierno ya había disuelto el Ministerio de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, transfiriendo parte de sus funciones a la Secretaría de Obras Públicas.

El impacto de esta medida aún está por verse, pero plantea interrogantes sobre la capacidad de las provincias y municipios para asumir estas nuevas responsabilidades en un contexto de creciente vulnerabilidad social.