Tucumán se convirtió en la provincia que más fondos recibió del gobierno nacional en lo que va de 2025, tras el giro de $20.000 millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La transferencia, confirmada por el gobernador Osvaldo Jaldo y funcionarios nacionales, se da en el marco de intensas negociaciones por el Presupuesto 2026 y la reforma laboral, donde el apoyo de legisladores tucumanos resulta clave para la Casa Rosada.

El desembolso, el mayor otorgado a una provincia desde el inicio de la gestión de Javier Milei, fue solicitado por Tucumán en el contexto de la Ley de Emergencia Hídrica y para afrontar la caída de la recaudación provincial. "Ha sido importante el diálogo con la Nación", destacó Jaldo tras reunirse en Buenos Aires con el ministro del Interior, Diego Santilli, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. El mandatario provincial subrayó la necesidad de compensar la baja de ingresos coparticipables y la deuda acumulada por prestaciones de salud y sentencias previsionales.

Fuentes oficiales señalaron que el gobierno nacional prioriza el reparto de fondos a las provincias consideradas aliadas, en una estrategia para asegurar respaldo legislativo. "El reparto de fondos a las provincias solo será para los aliados más puros", indicaron desde la administración central, en línea con la postura de Jaldo, quien remarcó la importancia de un acompañamiento recíproco entre Nación y provincias.

El ATN será destinado a tareas de prevención y mantenimiento ante la temporada de lluvias, así como a servicios públicos esenciales. Jaldo valoró la apertura de una instancia de diálogo federal y expresó optimismo respecto a la resolución de los reclamos pendientes. Sin embargo, se prevé que la tensión entre Nación y provincias podría resurgir una vez sancionado el Presupuesto.

El Fondo de ATN, creado por la Ley de Coparticipación Federal, es un instrumento discrecional que ha sido objeto de debate entre los gobernadores y el Ejecutivo nacional. Mientras tanto, Tucumán refuerza su posición como interlocutor privilegiado en la relación con la Casa Rosada, en un escenario político y fiscal marcado por la búsqueda de consensos y recursos.