El mapa de las 60 empresas públicas que supervisa el Gobierno y cómo serán las primeras privatizaciones para sumar reservas
• El Gobierno avanza con la privatización de empresas públicas clave, como AySA, para sumar reservas al BCRA. • Se esperan ingresos de hasta USD 500 millones por licitaciones de activos. • El proceso busca atraer inversiones y estabilizar la economía.



El Gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, avanza en un proceso de privatización de empresas públicas con el objetivo de fortalecer las reservas internacionales y atraer inversiones. Según fuentes oficiales, unas 60 compañías estatales están bajo supervisión, aunque el foco inmediato está puesto en ocho firmas estratégicas, entre ellas AySA, Enarsa, Nucleoeléctrica y Corredores Viales, tras la reciente sanción de la Ley Bases.
El ministro de Economía, Luis Caputo, lidera la iniciativa junto a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. Caputo anticipó que la venta de activos públicos podría generar ingresos por miles de millones de dólares, destacando que la licitación de represas hidroeléctricas podría aportar entre 400 y 500 millones de dólares. "Va a haber venta de activos por miles de millones de dólares", afirmó el ministro en una reciente entrevista, subrayando que el objetivo es sumar reservas al Banco Central sin intervenir en el mercado cambiario.
El caso de AySA es emblemático: el Estado planea vender el 51% de las acciones en una licitación pública, colocar el 39% en la Bolsa y reservar el 10% para empleados. Esta estructura busca blindar la privatización y evitar futuras reestatizaciones. AySA, que logró en 2024 su primer superávit operativo en casi dos décadas, se presenta como un activo valioso para atraer capital privado y demostrar la viabilidad del programa de reformas.
El proceso de privatización se adapta a las características de cada empresa. Enarsa, por ejemplo, se dividirá en unidades de negocio, mientras que Intercargo y Corredores Viales avanzarán mediante concursos y licitaciones. El Gobierno prioriza la estabilidad cambiaria hasta las elecciones de octubre, buscando mantener la confianza de los inversores y cumplir con las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional.
Empresarios y consorcios privados han mostrado interés en participar, aunque hasta el momento no se han presentado ofertas formales. La oposición logró excluir del proceso a empresas como Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino. El éxito de estas privatizaciones podría marcar el rumbo de futuras reformas y definir el panorama económico argentino en los próximos años.
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