El gobierno argentino, liderado por el presidente Javier Milei, está avanzando en una ambiciosa reforma tributaria que busca simplificar el complejo sistema impositivo del país. La propuesta incluye la creación de un "Súper IVA", un impuesto unificado que reemplazaría al actual IVA y a otros tributos provinciales, como el impuesto a los Ingresos Brutos. Este nuevo esquema, inspirado en el modelo brasileño, busca reducir la cantidad de impuestos nacionales en un 90%, dejando solo seis gravámenes principales.

El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que la reforma tiene como objetivo eliminar impuestos considerados distorsivos, como el de débitos y créditos bancarios y las retenciones a las exportaciones. Según Caputo, estos cambios son esenciales para mejorar la competitividad de la economía argentina y atraer inversiones extranjeras. "Estamos comprometidos con reducir la presión fiscal y fomentar el crecimiento económico", afirmó el ministro en una reciente conferencia en Washington.

El "Súper IVA" sería administrado por la Agencia de Recaudación de la Nación (ARCA, ex-AFIP) y su recaudación se distribuiría entre la Nación y las provincias, según las alícuotas locales. Aunque la tasa del IVA podría aumentar por encima del 21% actual, el gobierno asegura que los precios finales de los productos disminuirán al eliminarse impuestos en cascada que actualmente encarecen los costos.

Sin embargo, la propuesta ha generado preocupación entre los gobernadores provinciales, quienes temen perder autonomía fiscal y recursos clave para sus administraciones. El impuesto a los Ingresos Brutos, que representa el 82% de la recaudación provincial, es uno de los principales puntos de conflicto. "Es necesario encontrar alternativas para que las provincias no se desfinancien", señaló Osvaldo Giordano, exministro de Economía de Córdoba.

El sector privado, por su parte, ha recibido la propuesta con optimismo. Empresarios y tributaristas coinciden en que la reforma podría reducir la evasión fiscal y mejorar la competitividad de las empresas argentinas. "Es un paso necesario para modernizar el sistema tributario y nivelar la cancha para competir en igualdad de condiciones", afirmó Mauricio Badaloni, representante de la Unión Industrial Argentina.

La reforma tributaria es también un compromiso asumido por el gobierno argentino con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha respaldado la iniciativa. Según los planes oficiales, la implementación completa de la reforma podría darse en 2026, dependiendo de su aprobación en el Congreso. Mientras tanto, el gobierno de Milei enfrenta el desafío de equilibrar las demandas de las provincias, las expectativas del sector privado y los compromisos internacionales.

En este contexto, la reforma tributaria se perfila como uno de los proyectos más ambiciosos y controvertidos de la administración de Javier Milei, con el potencial de transformar profundamente la relación fiscal entre la Nación y las provincias, así como de redefinir el panorama económico del país.