El Gobierno argentino oficializó este lunes una reducción progresiva de aranceles de importación para celulares y otros productos electrónicos, con el objetivo de abaratar costos y equiparar precios locales con los internacionales. Según el Decreto 333/2025, los aranceles para celulares, que actualmente son del 16%, se reducirán al 8% de manera inmediata y llegarán al 0% en enero de 2026. Además, los impuestos internos para estos productos pasarán del 19,5% al 9,5%, mientras que los fabricados en Tierra del Fuego tendrán una tasa del 0%.

Esta medida ya ha tenido un impacto en los precios. Por ejemplo, el iPhone 14 de 128GB ha reducido su precio en un 15,3%, mientras que modelos más avanzados como el iPhone 16 Pro han registrado bajas de hasta el 16,4%. Según el Gobierno, estas disposiciones buscan mejorar el acceso a la tecnología y fomentar la competitividad en el mercado local.

Sin embargo, la decisión ha generado controversia. En Tierra del Fuego, un enclave clave para la producción de electrónicos en Argentina, las autoridades y sindicatos han expresado su preocupación por el impacto en la industria local. El gobernador Gustavo Melella calificó la medida como un "golpe muy duro" y estimó que podría poner en riesgo 8,000 empleos directos. La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) ha convocado a un paro total en protesta.

El Gobierno defiende la medida argumentando que reducirá la inflación en productos tecnológicos y democratizará el acceso a la tecnología. "Hoy un celular de alta gama en Argentina cuesta el doble que en Brasil o Estados Unidos", señaló el vocero presidencial Manuel Adorni. Además, se espera que la reducción de impuestos internos beneficie también a los productos fabricados en Tierra del Fuego, al eliminar la tasa del 9,5%.

Economistas como Matías Bolis Wilson consideran que la medida podría liberar recursos en el sector privado y mejorar el poder adquisitivo de los consumidores. No obstante, las críticas desde la industria local y los sindicatos subrayan los riesgos para el empleo y la producción nacional.

En conclusión, mientras el Gobierno apuesta por una mayor competitividad y acceso a la tecnología, la industria local enfrenta un futuro incierto, marcado por el desafío de competir con productos importados a precios más bajos.