Francisco Oneto, abogado penalista de reconocida trayectoria, se ha convertido en una figura central en la reciente controversia que involucra al presidente Javier Milei y al empresario Federico “Fred” Machado. Oneto, quien representa legalmente tanto a Milei como a Machado, enfrenta cuestionamientos por un posible conflicto de intereses, especialmente tras revelarse que Machado habría aportado 200 mil dólares a la campaña presidencial de José Luis Espert, aliado de Milei, sin que esos fondos hayan sido debidamente rendidos.

La investigación judicial, iniciada por una denuncia de Juan Grabois, apunta a presuntos vínculos entre Espert y Machado, quien permanece detenido y enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos por lavado de dinero y narcotráfico. En paralelo, Oneto ha sido señalado por su participación en la defensa de otros casos de alto perfil, como la red de estafa piramidal Generación Zoe, el crimen de Fernando Báez Sosa y causas de narcolavado en Córdoba, lo que ha consolidado su imagen de abogado mediático y confrontativo.

Gastón Alberdi, exfundador de La Libertad Avanza, denunció públicamente irregularidades en el financiamiento político del espacio libertario y señaló la consultora Bull Market como epicentro de reuniones entre legisladores y empresarios vinculados a operaciones sospechosas. Alberdi también mencionó la participación de otros candidatos en criptoestafas y esquemas Ponzi, lo que ha incrementado la presión sobre el partido y sus dirigentes.

Desde el entorno de Oneto se minimiza el conflicto de intereses, asegurando que su rol es estrictamente técnico y jurídico, sin influencia directa en las decisiones políticas del gobierno. Sin embargo, la investigación judicial y las denuncias públicas han generado repercusiones en la opinión pública y han puesto bajo la lupa el financiamiento y las alianzas políticas en La Libertad Avanza.

El caso continúa en desarrollo, con la Justicia estadounidense avanzando en la causa contra Machado y la argentina enfrentando críticas por su presunta falta de transparencia. Las implicaciones futuras podrían afectar la imagen y la estructura interna del espacio libertario, así como la percepción sobre la relación entre política y justicia en Argentina.