El transporte público de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) enfrenta una crisis profunda, con reducción de frecuencias y paros parciales que afectan a miles de usuarios. La situación se originó por la acumulación de deudas millonarias en subsidios que tanto el Gobierno nacional como el provincial mantienen con las empresas del sector, agravada por el reciente aumento del precio del combustible, que subió un 20% tras el conflicto en Medio Oriente.

Desde el 9 de abril, varias líneas de colectivos bajo jurisdicción nacional y provincial han reducido sus servicios o directamente han parado, mientras que las líneas de la Ciudad de Buenos Aires mantienen su funcionamiento habitual. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) declaró una retención de tareas en aquellas empresas que no abonaron la totalidad de los salarios de marzo, lo que profundizó el conflicto. “En la empresa que paga el sueldo, se trabaja; en la que no, se va al paro”, señalaron desde el sindicato.

Las empresas de transporte, por su parte, argumentan que la reducción de servicios no es una medida gremial sino una "racionalización técnica" forzada por la falta de recursos para cubrir el aumento del gasoil y el atraso en el pago de subsidios. Según la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), el sistema enfrenta un déficit crítico: mientras el Estado reconoce $1.750 por litro de gasoil en la estructura de costos, las empresas pagan entre $2.100 y $2.444, lo que genera una brecha insostenible.

El Gobierno nacional realizó un pago parcial de la deuda, pero la provincia de Buenos Aires aún no salda su parte, lo que mantiene la tensión. El presidente de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba), Daniel de Ingenis, advirtió que si no hay definiciones concretas, el recorte de frecuencias podría profundizarse. “El combustible está erosionando la caja de las empresas y, sin recursos, no se puede sostener el servicio”, alertó.

Mientras tanto, los usuarios sufren largas esperas y colectivos repletos, especialmente en La Plata y otras localidades del conurbano. El conflicto también puso en debate la sostenibilidad del actual esquema de subsidios y la necesidad de actualizar los montos para cubrir los costos operativos. Las reuniones entre las partes no han logrado destrabar la situación y nuevas audiencias están previstas para los próximos días.

El desenlace de la negociación marcará el rumbo del transporte público en el AMBA, en un contexto de alta conflictividad y con la posibilidad de que el conflicto se extienda al transporte de larga distancia. La incertidumbre persiste y los usuarios siguen siendo los principales perjudicados.