El femicidio de Soledad Andino, ocurrido el pasado 13 de mayo en la ciudad de Victoria, Entre Ríos, ha generado una profunda conmoción en la comunidad y críticas hacia el sistema judicial. El único imputado, Diego José Albornoz, falleció este domingo en el Hospital San Martín de Paraná, donde permanecía internado bajo custodia policial tras intentar suicidarse luego de cometer el crimen.

Según el parte médico firmado por el doctor Néstor Duarte, Albornoz murió como consecuencia de un shock séptico refractario con falla multiorgánica. Desde hacía varios días, se encontraba en estado crítico, sedado e intubado en una unidad de terapia intensiva. Su fallecimiento implica el cierre de la causa judicial, según confirmó el comisario Martín Tello, jefe de la Departamental de Victoria: “Al ser el único imputado en la causa, el único partícipe y responsable, la investigación será archivada”.

El crimen ocurrió en la madrugada del 13 de mayo, cuando Albornoz ingresó al domicilio de Andino rompiendo una ventana y la atacó con un arma blanca mientras dormía. La víctima, de 41 años, había denunciado previamente a su ex pareja en dos ocasiones por amenazas, lesiones leves, daños y privación ilegítima de la libertad. A pesar de contar con medidas de protección como una restricción perimetral y un botón antipánico, estas no fueron suficientes para evitar el ataque.

Tras cometer el asesinato, Albornoz se fotografió junto al cuerpo de la víctima y envió la imagen a su pareja actual, quien dio aviso a la Policía. Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a Andino sin signos vitales y al acusado con heridas autoinfligidas. Fue trasladado de urgencia al hospital, donde permaneció en estado crítico hasta su fallecimiento.

El caso ha generado fuertes críticas hacia el sistema judicial. Diversos sectores, entre ellos la Asamblea de Mujeres de Victoria, cuestionaron la actuación de la fiscal interina Flavia Villanueva y el juez Luis Márquez Chada, quien dictó una condena de prisión condicional que permitió a Albornoz permanecer en libertad antes de cometer el femicidio. La Fiscalía defendió su accionar, destacando las medidas de protección otorgadas a la víctima, aunque estas no fueron suficientes para evitar el crimen.

La comunidad de Victoria, una ciudad de aproximadamente 40 mil habitantes, suspendió las actividades por el aniversario 215 de su fundación y realizó marchas exigiendo justicia y medidas contra la violencia de género. El caso reavivó el debate sobre la efectividad de las medidas de protección y la necesidad de reformas en el sistema judicial para prevenir futuros femicidios.

El femicidio de Soledad Andino es el tercero en tres años en Victoria y ha generado un llamado urgente a revisar las políticas de prevención y protección en casos de violencia de género. La comunidad continúa exigiendo justicia y un Estado más presente ante las denuncias de violencia.