La provincia de Santa Cruz atraviesa una profunda crisis salarial en sus fuerzas de seguridad, luego de que la última propuesta de incremento presentada por el Gobierno provincial fuera rechazada por los representantes de policías, bomberos y personal penitenciario. La oferta oficial contemplaba un aumento escalonado para los agentes ingresantes, que partiría de $1.206.000 en junio y alcanzaría $1.296.000 en diciembre, cifras consideradas insuficientes por los trabajadores, quienes reclaman un salario inicial de $3.800.000 para cubrir el costo de vida actual.

La negociación, desarrollada en la Escuela de Policía, estuvo marcada por demoras y tensiones respecto a la representación de los distintos sectores, especialmente los autoconvocados, quienes denunciaron desigualdad en la integración de la mesa de diálogo. “No hay igualdad y así no se puede”, expresó uno de los referentes, suboficial mayor retirado Rodríguez, quien además cuestionó la legitimidad de algunos de los sectores convocados por el Gobierno.

Mientras tanto, la retención de servicios se mantiene en toda la provincia y se ha convocado a una marcha provincial para el 11 de junio, con la participación de policías, bomberos, penitenciarios, familiares y ciudadanos. El malestar entre los efectivos es creciente, y las asambleas analizan endurecer las medidas si no se logran avances en la próxima reunión, prevista para el viernes.

El gobernador Claudio Vidal reconoció la legitimidad del reclamo y la compleja situación financiera que atraviesa la provincia, agravada por la caída de la recaudación nacional y provincial. Vidal adelantó que evalúa solicitar un adelanto financiero a la Nación para poder afrontar el conflicto salarial y garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales. “El reclamo es justo. Nadie puede desconocer la difícil situación económica que atraviesa el país y que los salarios muchas veces no alcanzan”, afirmó el mandatario.

El conflicto, que lleva meses sin solución, ha generado acampes y manifestaciones frente a la Casa de Gobierno y la residencia del gobernador. La expectativa está puesta en la próxima instancia de negociación, aunque el clima de tensión y la falta de acuerdo auguran una resolución compleja y de alto impacto para la seguridad y la gobernabilidad en Santa Cruz.