El Gobierno argentino anunció que la tasa de pobreza cayó al 31,7% en el primer trimestre de 2025, una baja de 23 puntos porcentuales respecto al mismo período del año anterior, según datos del Ministerio de Capital Humano. La indigencia también mostró una reducción significativa, ubicándose en 7,3% frente al 20,2% del año pasado. El presidente Javier Milei celebró públicamente estos resultados, atribuyéndolos a la desaceleración inflacionaria y a la recuperación de ingresos en diversos sectores.

Sin embargo, la magnitud de la mejora fue puesta en duda por analistas y centros de estudio como el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA). Según Agustín Salvia, director del Observatorio, "la baja de la pobreza estaría sobrestimada en 4 o 5 puntos respecto de lo que dice el Gobierno". Salvia explicó que el INDEC modificó la metodología de registro de ingresos en el tercer trimestre de 2024, lo que no fue debidamente informado, y que la canasta básica utilizada para medir la pobreza no refleja los cambios recientes en la composición del consumo.

Especialistas también advierten que la comparación con el pico de pobreza registrado tras la devaluación e inflación de fines de 2023 puede magnificar la mejora actual. De acuerdo a Página/12, la tasa de pobreza en el segundo semestre de 2023 era del 41,7%, lo que reduciría a la mitad la magnitud de la baja informada por el Gobierno si se toma como base de comparación.

El contexto económico sigue siendo complejo. Aunque algunos indicadores muestran recuperación, persiste una percepción social de vulnerabilidad. Según la UCA, más del 50% de la población experimenta estrés económico y el 47% considera insuficientes sus ingresos. Además, el desempleo subió al 7,9% y la tasa de empleo bajó al 44,4%.

Analistas coinciden en que, si bien la pobreza efectivamente ha bajado desde el pico de 2024, la magnitud de la mejora podría estar sobreestimada por factores metodológicos y de contexto. La sostenibilidad de esta tendencia dependerá de la evolución económica y de la transparencia en la medición de los indicadores sociales.