Las autoridades argentinas desmantelaron un millonario circuito de contrabando en la frontera de Salta con Bolivia, tras un operativo federal en la finca Karina, ubicada cerca de la localidad de Aguas Blancas. El procedimiento, realizado el 2 de agosto en el marco del Plan Güemes, involucró a Gendarmería Nacional, Aduana, Fiscalía Federal y otras fuerzas, y culminó con la detención de once personas, entre ellas una funcionaria policial.

Según la investigación judicial, la finca Karina funcionaba como un paso clandestino donde se cobraban peajes de $1.000 por bulto y $2.000 por vehículo, generando más de $4 millones diarios. El flujo anual de mercadería ilegal se estima en casi $3 mil millones, con un promedio mensual de $229 millones. El predio estaba acondicionado para recibir embarcaciones desde Bolivia, incluso automóviles, y contaba con una estructura jerarquizada que supervisaba el ingreso y egreso de mercadería.

El operativo incluyó allanamientos simultáneos en barrios de Orán y el uso de drones, escáneres portátiles y perros adiestrados. Se secuestró mercadería valuada en $80 millones y se dispuso la clausura de la finca con consigna permanente de Gendarmería para evitar su reutilización. La jueza federal Ivana Hernández dictó prisión preventiva para los once imputados y autorizó medidas probatorias, como peritajes a teléfonos celulares secuestrados.

El cierre de la finca provocó un ingreso masivo de entre 3.000 y 5.000 personas al casco urbano de Aguas Blancas, saturando la infraestructura local y generando preocupación entre las autoridades municipales. El interventor Adrián Zigarán solicitó refuerzos y propuso instalar un puesto de control fijo para evitar la aparición de nuevos pasos ilegales.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró el bloqueo del paso ilegal, destacando el impacto positivo en la lucha contra el contrabando. Sin embargo, la comunidad local enfrenta desafíos inmediatos por el cierre, mientras la Justicia continúa investigando a los presuntos responsables, algunos de los cuales permanecen prófugos. El caso pone en evidencia la magnitud del contrabando en la frontera norte y la necesidad de fortalecer los controles para evitar la reaparición de actividades ilícitas.