El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional están cerca de concretar un acuerdo histórico para el traspaso de parte del sistema penitenciario a la órbita porteña. Este convenio, que busca aliviar la sobrepoblación en comisarías y alcaidías, representa un paso significativo hacia la autonomía en materia de seguridad y justicia para la Ciudad.

Actualmente, más de 2,500 detenidos se encuentran distribuidos en comisarías y alcaidías porteñas, superando ampliamente la capacidad disponible. Para enfrentar esta problemática, la Ciudad planea crear su propio Servicio Penitenciario, que incluirá cuatro cárceles y personal especializado. Entre las unidades que se transferirán están parte del penal de Ezeiza, la cárcel de Marcos Paz y el penal de Devoto. Además, se está construyendo una nueva cárcel en Marcos Paz, con capacidad para 2,440 detenidos, que se espera esté lista en diciembre.

El ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, destacó que el convenio incluye la incorporación de 600 guardiacárceles retirados, lo que permitirá liberar a policías de tareas penitenciarias y aumentar su presencia en las calles. "Estamos trabajando para que este acuerdo sea una solución definitiva a la sobrepoblación y los problemas logísticos que enfrentamos", afirmó Giménez.

La negociación, que comenzó hace años, se aceleró en los últimos meses gracias a la buena relación entre las administraciones de Nación y Ciudad. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad Nacional, subrayó la importancia de la autonomía plena para la Ciudad, afirmando que "si tenés la policía, no podés tener media justicia y no podés no tener servicio penitenciario".

El traspaso también busca mejorar la infraestructura penitenciaria. La nueva cárcel en Marcos Paz contará con áreas de salud, educación y capacitación laboral, además de espacios recreativos. Este proyecto se suma a la transferencia de efectivos y recursos que garantizarán una transición ordenada.

Sin embargo, el proceso no está exento de desafíos. La sobrepoblación ha generado fugas y problemas logísticos en el traslado de detenidos, lo que ha llevado a críticas sobre la capacidad de la Ciudad para asumir estas responsabilidades. A pesar de ello, las autoridades se muestran optimistas y confían en que el acuerdo será beneficioso para la seguridad urbana y la gestión penitenciaria.

El convenio, que aún requiere ajustes finales, marca un hito en la búsqueda de mayor autonomía para la Ciudad de Buenos Aires y promete transformar la manera en que se gestionan los detenidos en el ámbito porteño.