El proyecto de Ley de Lobby impulsado por el Gobierno argentino fue objeto de intensos cuestionamientos en la Cámara de Diputados, donde representantes de organizaciones civiles, cámaras empresarias y colegios profesionales advirtieron sobre los riesgos de la iniciativa. Si bien existe acuerdo en la necesidad de regular la gestión de intereses para fortalecer la transparencia, el texto oficial fue criticado por su definición amplia de "gestión de intereses" y por las severas sanciones administrativas y penales que contempla.

La propuesta establece la creación de un Registro Público de Gestores de Intereses, de inscripción obligatoria para toda persona o entidad que busque influir en la elaboración de leyes, actos administrativos o contrataciones públicas. El incumplimiento de este requisito podría derivar en multas de hasta 2.000 salarios mínimos y penas de prisión de hasta tres años, lo que generó preocupación entre los expositores. "Un régimen excesivamente punitivo podría desalentar la participación legítima de empresas, organizaciones de la sociedad civil u otros actores en los procesos de elaboración de políticas públicas", advirtió Alejandro Díaz, CEO de AmCham.

Organizaciones como Amnistía Internacional, CELS, FOPEA y Poder Ciudadano difundieron un documento conjunto en el que alertan que la ley, tal como está redactada, impacta directamente sobre el derecho constitucional a peticionar ante las autoridades. "El proyecto convierte en sospechosa una práctica que es, en sí misma, parte de la vida democrática", señalaron. Pablo Secchi, de Poder Ciudadano, cuestionó que la norma equipare a quienes buscan influir en políticas públicas por interés social con lobbistas corporativos, y advirtió que "una ley que equipara a Susana Trimarco con un lobbista corporativo, no es una ley de transparencia".

Desde el sector empresarial, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Unión Industrial Argentina (UIA) coincidieron en la importancia de la transparencia, pero reclamaron reglas claras y proporcionadas, alertando sobre la carga administrativa y el riesgo de criminalizar el accionar legítimo del sector privado y las PYMES.

El oficialismo reconoció la necesidad de introducir modificaciones, especialmente en el capítulo de sanciones penales, y se comprometió a trabajar en un dictamen que recoja los planteos de los distintos sectores. La oposición, por su parte, presentará dictámenes alternativos. El debate continuará en nuevas reuniones, en busca de un consenso que permita avanzar en una regulación equilibrada y respetuosa de los derechos democráticos.