El Gobierno nacional y las universidades públicas argentinas alcanzaron un acuerdo salarial que otorga un incremento del 24,33% a los docentes universitarios, distribuido en dos tramos: un 21,33% en junio y un 3% adicional en octubre. El convenio, firmado también por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y algunos gremios, incluye además un aumento del 20% para gastos de funcionamiento, un refuerzo de $50 mil millones para hospitales universitarios y una suba del 50% en las becas Manuel Belgrano. Sin embargo, la medida no contempla mejoras para la beca Progresar.

A pesar de estos avances, el acuerdo fue rechazado por sectores importantes de la comunidad universitaria, como la Federación Nacional Conadu Histórica y la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD UBA), quienes consideran que la suba es insuficiente frente a la inflación acumulada, que desde diciembre de 2023 supera el 300%. Según la Ley de Financiamiento Universitario, los salarios deberían actualizarse en línea con la inflación, pero el acuerdo firmado representa menos de la mitad de ese porcentaje. "El acuerdo firmado por los rectores y las federaciones es insuficiente. Es un 21% que no alcanza a cubrir la pérdida del poder adquisitivo de nuestros salarios", afirmó Laura Carboni, secretaria general de AGD UBA.

En este contexto, desde el 16 hasta el 20 de junio se desarrolla un paro nacional docente impulsado por Conadu Histórica y otros gremios, en reclamo de la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya implementación depende actualmente de una resolución de la Corte Suprema. El Gobierno, por su parte, presentó el acuerdo ante la Corte como un avance en la causa judicial.

El conflicto universitario se mantiene vigente, con movilizaciones, asambleas y acciones de protesta en distintas universidades del país. Si bien las autoridades universitarias reconocen que el acuerdo representa un alivio parcial, existe consenso en que no resuelve las demandas estructurales del sector. La comunidad universitaria continúa exigiendo la plena aplicación de la ley y la recomposición salarial acorde a la inflación, mientras se espera una definición judicial que podría ser clave para el futuro del financiamiento universitario en Argentina.