El inicio del ciclo lectivo 2026 en Argentina está marcado por un paro nacional docente que afecta a 15 provincias, en reclamo de mejoras salariales y restitución de fondos educativos. La medida, convocada por las principales confederaciones gremiales del país —CTERA, UDA, CEA, Sadop y Amet—, coincide con el regreso a clases de más de 8,5 millones de estudiantes y pone en evidencia la crisis de financiamiento y la falta de negociación paritaria nacional.

El reclamo central de los sindicatos es la recomposición salarial y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), eliminado por el gobierno de Javier Milei. Según datos oficiales, el salario docente promedio se encuentra en el nivel más bajo de los últimos 20 años, con grandes disparidades entre provincias: mientras en Neuquén un docente de jornada simple con 10 años de antigüedad cobra $1.471.200, en Misiones apenas supera los $677.000. En Buenos Aires, la cifra ronda los $781.000, por debajo de CABA, donde alcanza los $907.000.

La reducción del financiamiento nacional para la educación ha sido significativa. Entre 2023 y 2025, la inversión educativa cayó un 47,7%, y el presupuesto nacional pasó de representar el 1,52% del PBI en 2016 a apenas el 0,75% en 2026. El sistema educativo argentino depende actualmente en un 75% de los fondos provinciales y en un 25% de los nacionales, lo que profundiza las desigualdades entre jurisdicciones.

En la provincia de Buenos Aires, la huelga coincide con el inicio de clases y cuenta con la adhesión de todo el Frente de Unidad Docente Bonaerense, que rechazó la última oferta salarial del gobierno provincial, consistente en un aumento del 3% para febrero. En Salta, aunque la discusión salarial provincial concluyó con acuerdo, los gremios adhieren al paro nacional para visibilizar la importancia de la paritaria nacional y la restitución de fondos federales.

El Ministerio de Capital Humano convocó a la paritaria nacional docente el mismo día del paro, acatando una decisión judicial que había suspendido el decreto que intentaba dejar la negociación salarial en manos de las provincias. Sin embargo, la falta de avances concretos mantiene la tensión entre los gremios y el gobierno.

En el Congreso, diputados opositores presentaron un proyecto de ley para declarar la "emergencia salarial docente" y crear un complemento federal financiado por el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional, con el objetivo de recomponer los ingresos de los maestros y garantizar la equidad salarial en todo el país. "Vemos una situación acuciante por la inédita retracción de la inversión del Estado nacional en educación", señaló el diputado Nicolás Trotta.

La medida de fuerza docente abre un escenario de incertidumbre sobre el inicio del ciclo lectivo y pone en debate el futuro del financiamiento educativo en Argentina. Los gremios advierten que, sin negociación y diálogo, el conflicto podría profundizarse, mientras el gobierno nacional sostiene su postura de ajuste y descentralización.