El presidente argentino Javier Milei recibió este lunes el premio "Economista del Año 2025" otorgado por la Ordem dos Economistas Do Brasil (OEB), una entidad privada con sede en San Pablo. La ceremonia se realizó en la Casa Rosada y contó con la presencia de funcionarios argentinos y representantes de la organización brasileña. El galardón fue entregado en reconocimiento a las políticas económicas implementadas por Milei, que según la OEB, contribuyeron a la estabilización de la economía argentina y a la reducción de la inflación.

Sin embargo, la distinción generó controversia debido a los antecedentes del presidente de la OEB, Manuel Enríquez García, quien fue inhabilitado por el Tribunal de Cuentas de Brasil en 2019 tras ser hallado responsable de operaciones financieras fraudulentas y desvío de fondos. Enríquez García fue sancionado con la suspensión de su matrícula profesional y la prohibición de ejercer cargos públicos durante cinco años. Las nuevas autoridades de la Corecon, entidad oficial que regula la profesión de economista en Brasil, criticaron duramente tanto a la OEB como al premio otorgado a Milei, señalando que la organización no tiene autoridad regulatoria ni representativa sobre la profesión.

Durante el acto, Milei aprovechó para anunciar nuevas medidas económicas, entre ellas la prohibición formal de financiar el gasto público con emisión monetaria y el envío de un proyecto de ley al Congreso para penalizar la aprobación de presupuestos con déficit fiscal. "El Tesoro nacional no podrá solicitar dinero prestado al Banco Central para financiar su gasto", afirmó el mandatario, subrayando que estas acciones buscan evitar la repetición de procesos inflacionarios y garantizar el equilibrio fiscal.

El reconocimiento internacional llega en un contexto de tensiones políticas y económicas en Argentina, marcado por debates sobre el ajuste fiscal y la inflación. Mientras Milei defendió el premio como respaldo a su gestión, sectores opositores y medios remarcaron los antecedentes del titular de la OEB y la falta de representatividad de la entidad. La polémica pone en foco la legitimidad de los reconocimientos internacionales y la importancia de las instituciones que los otorgan.