El asesinato de Alfredo Marcenac, ocurrido en julio de 2006 en el barrio de Belgrano, sigue siendo un símbolo del dolor y la lucha por justicia en Argentina. Alfredo, de 18 años, fue atacado a balazos por Martín Ríos, quien disparó trece veces en plena avenida Cabildo, matando al joven e hiriendo a otras seis personas. Tras el crimen, Ríos huyó en colectivo y fue detenido días después, portando el arma y municiones similares a las utilizadas en el ataque.

La familia Marcenac, devastada por la pérdida, inició un largo proceso judicial y civil en busca de justicia. Sin embargo, en 2009 el Tribunal Nº 12 declaró inimputable a Ríos, basándose en pericias psiquiátricas que determinaron que no comprendía la gravedad de sus actos. Esta decisión fue ratificada en 2014, pese a informes médicos que lo consideraban lúcido y consciente de sus acciones. “Él sabía lo que estaba haciendo... Eso no significa no comprender lo que se está haciendo. Es un desprecio total por la vida del otro”, expresó Mónica Bouyssede, madre de Alfredo, en diálogo con Infobae.

La familia denunció irregularidades en el otorgamiento del permiso de armas y en el proceso judicial, señalando la falta de asistencia estatal y el trato indiferente hacia las víctimas. Iniciaron demandas civiles contra el Estado, el asesino y los responsables médicos, pero aún esperan una sentencia definitiva. “Hace diecisiete años que estamos esperando una sentencia. Nuestra familia nunca recibió asistencia del Estado para cubrir ningún tratamiento psicológico ni médico”, lamentó Bouyssede.

El caso Marcenac impulsó la creación de la Asociación civil que lleva su nombre y la promoción de políticas públicas para el desarme, como el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC). Sin embargo, recientes medidas gubernamentales han revertido estos avances, eliminando la ANMAC y flexibilizando el acceso a armas de fuego. “El Gobierno nacional actual eliminó por decreto la Anmac y restituyó el obsoleto RENAR, dictando medidas que promueven la proliferación de las armas de fuego en Argentina”, advirtió Bouyssede.

El caso sigue generando debate sobre la violencia armada, la inimputabilidad y la protección de las víctimas en el país. La familia Marcenac y organizaciones civiles continúan reclamando justicia y alertando sobre el impacto de las nuevas políticas en la seguridad ciudadana.