El gobierno de Javier Milei derogó la norma que evitó que los productores argentinos pagaran una millonada de regalías por la siembra masiva de la soja RR: Ahora a preparar la billetera
• El Gobierno argentino derogó la norma que restringía el patentamiento de biotecnología agrícola. • Productores y semilleros prevén más inversiones, pero advierten sobre mayores costos para el agro. • Debate sobre innovación y acceso a nuevas tecnologías.



El Gobierno argentino derogó la Resolución 283/2015 del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), una normativa que desde hace más de una década restringía el patentamiento de desarrollos biotecnológicos en el sector agropecuario. La medida, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fue publicada este viernes en el Boletín Oficial y defendida como un paso clave para fortalecer la protección de la propiedad intelectual y alinear al país con los estándares internacionales.
Según el Gobierno y representantes del sector semillero, la norma derogada imponía criterios restrictivos que dificultaban la llegada de nuevas tecnologías y la inversión en investigación y desarrollo. "La derogación de la resolución 283/15 del INPI fortalece la protección de los eventos biotecnológicos. Era una norma restrictiva sin sentido técnico", afirmó Alfredo Paseyro, director ejecutivo de la Asociación de Semilleros Argentinos. Desde la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham) también respaldaron la decisión, señalando que contribuirá a normalizar el marco regulatorio y a incentivar la innovación.
No obstante, la medida generó preocupación entre algunos productores, quienes advierten que la flexibilización del patentamiento podría traducirse en mayores costos por el pago de regalías y patentes, especialmente en cultivos como la soja, donde históricamente la tecnología se difundió sin retribución a las multinacionales desarrolladoras. El conflicto con empresas como Monsanto, que intentaron cobrar regalías por la soja RR sin éxito debido a la legislación argentina, marcó la política de semillas en las últimas décadas.
El Gobierno sostiene que la nueva normativa permitirá atraer inversiones, mejorar la competitividad del agro y facilitar el acceso a tecnologías clave para la productividad y la sustentabilidad. Sin embargo, el debate sobre la actualización de la Ley de Semillas y la adhesión a convenios internacionales como UPOV 91 sigue abierto, en un contexto donde la protección de la propiedad intelectual y el acceso a la innovación continúan siendo temas centrales para el desarrollo del sector agropecuario argentino.
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