El femicidio de Cinthia Verónica Lazarte, ocurrido en la madrugada del 13 de junio en San Miguel de Tucumán, ha generado conmoción y debate en la provincia. Lazarte, de 41 años, fue hallada calcinada en el interior de un Fiat Palio bordó estacionado en la calle Francia al 1160. La investigación determinó que la mujer, conocida como “Piba” y en situación de calle desde los 15 años, fue golpeada, cortada y finalmente estrangulada con un cable antes de que su cuerpo fuera incendiado en un intento de ocultar el crimen.

El principal sospechoso, Roberto José Fuentes, de 39 años, había recuperado la libertad apenas 71 días antes tras cumplir una condena de seis años por abuso sexual. Fuentes fue identificado gracias a cámaras de seguridad y testimonios de vecinos, que lo ubicaron en la escena y luego regresando a su domicilio. La fiscalía, a cargo de Pedro Gallo, solicitó y obtuvo prisión preventiva por seis meses para el acusado, argumentando riesgos de fuga y entorpecimiento de la investigación.

Durante la audiencia, el auxiliar fiscal Lucas Maggio subrayó la gravedad del hecho y la situación de extrema vulnerabilidad de la víctima, quien además sufría adicciones y una discapacidad física. La autopsia confirmó que Lazarte murió por asfixia mecánica y que las lesiones fueron infligidas antes de la muerte. El intento de incendiar el vehículo fue interpretado como un esfuerzo deliberado para eliminar pruebas y garantizar la impunidad del agresor.

El caso ha provocado una fuerte reacción social, con vecinos y allegados reclamando justicia y cuestionando la reincidencia del acusado. Organizaciones y ciudadanos han señalado la necesidad de mayor protección para mujeres en situación de vulnerabilidad y han criticado la liberación anticipada de personas condenadas por delitos graves. La investigación continúa, incluyendo peritajes para determinar si hubo abuso sexual previo al asesinato y la recolección de más pruebas forenses.

El femicidio de Lazarte es el cuarto registrado en Tucumán en lo que va del año, lo que ha reavivado el debate sobre la violencia de género y la respuesta del sistema judicial ante casos de reincidencia. Las autoridades han prometido avanzar con celeridad en la causa y garantizar que se haga justicia.