En Tierra del Fuego, Argentina, se llevó a cabo un paro general de 24 horas en rechazo a la decisión del gobierno de Javier Milei de reducir aranceles e impuestos internos a productos electrónicos importados. La medida, oficializada el 20 de mayo de 2025, ha generado una fuerte oposición por parte de sindicatos y trabajadores, quienes advierten sobre el impacto negativo en la industria local y el empleo.

El decreto establece una reducción de los aranceles de importación de celulares del 16% al 8%, con eliminación total prevista para enero de 2026. Además, disminuye los impuestos internos para productos como televisores, aires acondicionados y monitores. Según los gremios, esta política pone en riesgo entre 6,000 y 8,000 puestos de trabajo en la provincia, donde la industria electrónica es un pilar económico.

Las protestas incluyeron movilizaciones masivas en las ciudades de Río Grande y Ushuaia. En Río Grande, los trabajadores se concentraron frente a la fábrica de Mirgor, mientras que en Ushuaia marcharon desde la sede de Newsan hasta la plaza cívica. Los sindicatos, liderados por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), calificaron la medida como un "ataque a la soberanía y la industria nacional". En un documento firmado por diversas organizaciones, exigieron la marcha atrás de la decisión gubernamental.

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, ha iniciado negociaciones con empresas y sindicatos para garantizar los empleos. "Es fundamental defender el trabajo y la dignidad de miles de familias fueguinas", declaró Melella, quien también criticó la falta de empatía del gobierno nacional hacia las consecuencias sociales de la medida.

Mientras tanto, el gobierno nacional defiende la política como un paso hacia la modernización y la reducción de costos tecnológicos para los consumidores. Sin embargo, la medida ha sido interpretada por los sindicatos como una concesión al Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de un plan económico más amplio.

El conflicto ha generado un clima de tensión social en la provincia, históricamente protegida por un régimen especial para fomentar la producción local. Las fábricas de ensamblaje, que ya habían detenido su producción la semana pasada, permanecen paralizadas, y los sindicatos advierten sobre la posibilidad de extender las medidas de fuerza si no se revierte la decisión.

El desenlace de este conflicto será clave para el futuro de la industria electrónica en Tierra del Fuego y para las políticas económicas del gobierno nacional.