La presencia de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, en la comitiva oficial que acompaña al presidente Javier Milei durante su gira por Nueva York, desató una controversia política y motivó un pedido de informes por parte de la oposición. La situación se hizo pública tras la difusión de imágenes en las que Angeletti aparece junto a Adorni en la visita presidencial a la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, en Queens, una parada habitual en los viajes de Milei a Estados Unidos.

Según confirmaron fuentes oficiales y diversos medios, Angeletti, quien no ocupa ningún cargo público, viajó en el avión oficial ARG-01 junto a la delegación presidencial. La comitiva, más numerosa que en otras ocasiones debido a la realización de la "Argentina Week", incluyó también a otros familiares de funcionarios, como la esposa del canciller Pablo Quirno. Desde el entorno de Adorni se argumentó que la presencia de su esposa se debió a la coincidencia con un congreso de su especialidad en Estados Unidos, aunque no se brindaron mayores precisiones.

El diputado nacional Esteban Paulón presentó un pedido de informes para esclarecer quién financió el viaje de Angeletti, qué rol cumplió en la delegación y si se evaluaron posibles incompatibilidades o conflictos de intereses. "El avión presidencial no es un taxi", expresó Paulón en redes sociales, reclamando transparencia y acceso a la documentación del vuelo y los gastos asociados.

Hasta el momento, la Jefatura de Gabinete no emitió explicaciones oficiales sobre el caso. La polémica se da en el marco de la "Argentina Week", un evento organizado para promover inversiones y fortalecer la relación con el sector financiero internacional, que cuenta con la participación de funcionarios, empresarios y gobernadores argentinos.

El episodio reaviva el debate sobre la ética y los límites en la función pública, especialmente en lo que respecta al uso de recursos estatales y la inclusión de familiares en actividades oficiales. Mientras la oposición exige respuestas, el Gobierno opta por el silencio, en un contexto de creciente escrutinio sobre la transparencia y el manejo de fondos públicos.