El juicio por la muerte de cinco bebés y la descompensación de otros ocho en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba ha entrado en su etapa de alegatos, marcando un momento crucial en este caso que ha conmocionado a la sociedad argentina. La enfermera Brenda Agüero, de 29 años, enfrenta cargos de homicidio calificado y tentativa de homicidio, mientras que otros diez exfuncionarios y profesionales de la salud son juzgados por omisión de deberes, encubrimiento y falsedad ideológica.

Durante los alegatos, la Fiscalía presentó pruebas que incluyen pericias médicas, químicas y toxicológicas, así como testimonios de madres y personal médico. Según los fiscales Sergio Ruiz Moreno y Mercedes Ballestrini, las muertes fueron intencionales y causadas por inyecciones de potasio e insulina, sustancias que en dosis elevadas son letales. "No tenemos dudas de que Brenda Agüero asesinó a los bebés", afirmó Ballestrini, quien destacó que la acusada estuvo presente en los días y lugares donde ocurrieron los hechos.

Por su parte, la defensa de Agüero argumenta que no existen pruebas directas que la incriminen y denuncia una condena mediática. "Llevo casi tres años detenida por algo que no cometí", declaró Agüero, quien insiste en su inocencia. Su abogado, Gustavo Nievas, cuestionó la imparcialidad del proceso y señaló inconsistencias en las pruebas presentadas.

El caso también involucra a exfuncionarios de alto rango, como el exministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo, acusado de encubrimiento y falsedad ideológica. Según la Fiscalía, los funcionarios omitieron actuar ante las irregularidades y tomaron medidas internas para encubrir los hechos. "Hoy no tengo dudas: a estos chicos los atacaron", declaró Cardozo durante el juicio.

Las familias de las víctimas han dado testimonios desgarradores, exigiendo justicia y señalando la falta de apoyo del gobierno provincial. "Mi hijo nació sano y en cinco minutos estaba muerto", declaró Julieta Guardia, madre de uno de los bebés fallecidos. Expertos médicos confirmaron que los niveles de potasio e insulina encontrados en los cuerpos de los bebés son "incompatibles con la vida" y de origen no natural.

El juicio, que comenzó en enero de 2025, ha sido calificado como histórico por su magnitud y las implicaciones que tiene para la seguridad en hospitales y la responsabilidad de los funcionarios públicos. La sentencia está prevista para el 2 de junio de 2025, y se espera que marque un precedente en casos de negligencia y criminalidad en el ámbito de la salud pública.