El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas emitió un informe crítico sobre la situación de los derechos humanos en Argentina, señalando graves preocupaciones respecto al uso excesivo de la fuerza policial, detenciones masivas y condiciones inadecuadas en centros de detención. El documento, resultado de la revisión periódica del cumplimiento argentino de la Convención contra la Tortura, insta al Estado a tomar medidas urgentes para prevenir y erradicar estas prácticas.

Según el informe, se han registrado numerosos casos de violencia desproporcionada por parte de las fuerzas de seguridad durante manifestaciones públicas, así como detenciones masivas y hostigamiento, especialmente en operativos realizados en barrios populares y contra personas en situación de calle en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Tucumán. El Comité también expresó su preocupación por la falta de acceso inmediato a información y asistencia legal para las personas detenidas, así como por la ausencia de un registro nacional actualizado de personas privadas de libertad.

El informe destaca deficiencias en la atención médica y las condiciones materiales en cárceles y comisarías, señalando sobrepoblación, falta de ventilación, alimentación insuficiente y demoras en la atención sanitaria. Además, se observa un aumento de denuncias por torturas y malos tratos, así como muertes bajo custodia, muchas de ellas sin investigación judicial adecuada.

En respuesta, funcionarios del gobierno argentino negaron las acusaciones y cuestionaron la imparcialidad del Comité, llegando a rechazar cifras históricas de la última dictadura cívico-militar. El Estado argentino también votó en contra de la resolución trienal del Comité contra la Tortura en la ONU, alineándose con Estados Unidos e Israel, lo que generó preocupación internacional sobre el compromiso del país con los derechos humanos.

El Comité recomendó a Argentina revisar sus protocolos de seguridad, garantizar la grabación y supervisión de los operativos policiales, y asegurar la reparación integral de las víctimas de tortura y malos tratos. Asimismo, instó a continuar investigando los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura y a preservar los archivos históricos para futuras investigaciones.

Este informe se produce en un contexto de endurecimiento de las políticas de seguridad bajo el gobierno de Javier Milei y de recortes en programas de memoria, verdad y justicia. Organismos de derechos humanos locales e internacionales han manifestado su preocupación por estos retrocesos y exigen al Estado argentino cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.