Argentina enfrenta una de las disputas judiciales internacionales más costosas de su historia tras la sentencia de la jueza Loretta Preska en Nueva York, que obliga al país a entregar el 51% de las acciones de YPF o pagar US$16.100 millones más intereses. El Gobierno argentino, liderado por Javier Milei, ha decidido apelar el fallo y rechazar cualquier tipo de negociación extrajudicial con Burford Capital, el fondo que adquirió los derechos de litigio y lidera la demanda.

El conflicto se originó en 2012, cuando el Estado argentino expropió la mayoría accionaria de YPF sin realizar una oferta pública de adquisición (OPA) a los accionistas minoritarios, lo que derivó en la demanda internacional. Desde entonces, el caso ha transitado por diversas instancias judiciales en Estados Unidos, acumulando intereses que superan los US$2 millones diarios desde septiembre de 2023.

El 30 de junio, la jueza Preska ordenó la transferencia de las acciones en un plazo de dos semanas, pero el Gobierno argentino respondió con una apelación y solicitó la suspensión de la ejecución. "La causa se encuentra bajo la órbita de la Procuración del Tesoro de la Nación y no hay posibilidad de avanzar en ningún tipo de negociación", señalaron fuentes oficiales. Además, el Ejecutivo argumenta que la entrega de acciones requiere la aprobación del Congreso, lo que complica aún más la situación.

En paralelo, la Corte de Apelaciones de Nueva York tramita cuatro expedientes relacionados con el caso YPF, incluyendo reclamos de otros fondos como Bainbridge Fund y la ONG Republican Action for Argentina (RAFA), que alega corrupción en el proceso de expropiación. El Gobierno argentino ha manifestado su disposición a llevar el caso hasta la Corte Suprema de Estados Unidos si es necesario.

El impacto del fallo es significativo tanto en la economía como en la imagen internacional de Argentina. Analistas y especialistas, como el abogado Alfredo Víttolo, sostienen que existen fundamentos legales para revertir la decisión y que la expropiación fue un acto de soberanía estatal. Sin embargo, la presión judicial y la posibilidad de embargos sobre activos públicos generan incertidumbre sobre el futuro de la petrolera y las finanzas del país.

Mientras tanto, la jueza Preska ha convocado a una audiencia urgente para el 15 de julio, en la que se espera que las partes intenten destrabar la disputa y definir los próximos pasos del proceso. El Gobierno argentino insiste en agotar todas las instancias judiciales y defiende la soberanía nacional, mientras que los demandantes buscan acelerar la ejecución de la sentencia.