El transporte público en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la Provincia de Buenos Aires experimentará un nuevo aumento en sus tarifas a partir del 1 de mayo. Este ajuste, que afecta a colectivos, subtes y peajes, busca compensar la inflación y reducir el peso de los subsidios en el sistema.

En CABA, las tarifas de los colectivos subirán un 5,7%, mientras que en la Provincia de Buenos Aires el incremento será del 5,9%. El boleto del subte también sufrirá un ajuste, pasando de $869 a $919. Estos aumentos se calculan utilizando una fórmula que combina el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del penúltimo mes con un 2% adicional, un esquema que ya se aplicó en meses anteriores.

El gobierno porteño ha defendido estas medidas argumentando que son necesarias para cubrir los costos operativos y mejorar la infraestructura del transporte público. Entre las mejoras recientes se incluyen la instalación de cámaras de seguridad en colectivos y la implementación de sistemas de pago multipago. Sin embargo, estas subas también han ampliado la brecha tarifaria con las líneas de colectivos bajo jurisdicción nacional, cuyas tarifas permanecen congeladas desde agosto pasado.

El impacto de estos aumentos no ha pasado desapercibido entre los usuarios, quienes reportan dificultades para afrontar los nuevos costos. "Los aumentos impactan. Yo trato de caminar y no tomar colectivo, a menos que esté apurada o no me quede otra", comentó una vecina de La Plata. Otros usuarios han optado por alternativas como bicicletas o monopatines para reducir gastos.

En términos de subsidios, las autoridades buscan reducir su peso en el sistema. Actualmente, en el caso de los colectivos porteños, las tarifas cubren solo el 23,7% de los costos, mientras que el resto es subsidiado. Históricamente, esta cobertura oscilaba entre el 35% y el 40%.

El contexto político también juega un papel importante en este escenario. Los aumentos coinciden con la proximidad de las elecciones legislativas en CABA, donde el oficialismo busca consolidar su posición. Mientras tanto, el gobierno nacional ha optado por mantener congeladas las tarifas de las líneas bajo su jurisdicción, una decisión que también tiene implicaciones políticas y económicas.

A pesar de las críticas, las autoridades locales insisten en que los aumentos son necesarios para garantizar la sostenibilidad del sistema de transporte público. Sin embargo, el descontento entre los usuarios y las dificultades económicas que enfrentan plantean interrogantes sobre el impacto a largo plazo de estas medidas.