Cristina Kirchner, expresidenta de la Nación, enfrenta actualmente un régimen de prisión domiciliaria en su departamento del barrio Constitución, tras la confirmación de una condena a seis años de prisión por corrupción en la causa Vialidad. La Justicia impuso condiciones estrictas para su detención, entre ellas la obligación de que solo familiares directos, abogados y médicos puedan visitarla sin autorización previa, mientras que cualquier otra persona debe solicitar permiso judicial para ingresar a su domicilio.

Esta medida ha sido duramente cuestionada por la propia Kirchner y su entorno político. El diputado Leopoldo Moreau advirtió sobre un intento de instaurar un "Estado de excepción" y denunció una "dictadura de los jueces". Según Moreau, no existen antecedentes en Argentina de que una persona con prisión domiciliaria y tobillera electrónica deba pedir autorización judicial para recibir visitas, calificando la situación como "arbitraria" y "violatoria de derechos civiles y políticos".

La defensa de la exmandataria presentó recursos para flexibilizar el régimen de visitas, argumentando que las restricciones afectan no solo a Kirchner, sino también a legisladores y dirigentes que buscan mantener reuniones políticas. En este sentido, se citó el artículo 38 de la Constitución Nacional, que reconoce a los partidos políticos como instituciones fundamentales de la democracia.

El Servicio Penitenciario Federal, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, es el encargado de controlar el cumplimiento de la detención y los accesos al departamento. Kirchner, por su parte, mantiene una intensa actividad política desde su domicilio, recibiendo a dirigentes y seguidores, y participando en la reorganización del peronismo.

El caso ha trascendido el ámbito nacional. Una misión internacional de expertos en derechos humanos calificó como "innecesaria, inadecuada y desproporcionada" la imposición de la tobillera electrónica y las restricciones de visitas, señalando posibles violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. De persistir las restricciones, el entorno de Kirchner anticipó que recurrirán a instancias internacionales.

La situación de la expresidenta, inédita en la historia argentina, ha polarizado el debate público y reavivado la confrontación entre el kirchnerismo y el Poder Judicial. Mientras sus defensores denuncian persecución política y judicial, sectores opositores sostienen que las restricciones forman parte de la condena y deben cumplirse. El desenlace de este conflicto podría tener implicancias institucionales y políticas de largo alcance.