El decomiso de alfajores y budines a un joven vendedor ambulante en Costanera Sur, Ciudad de Buenos Aires, desató un intenso debate sobre la regulación del trabajo informal y la respuesta de las autoridades porteñas. El episodio, ocurrido el 12 de abril, se viralizó tras la difusión de un video en el que David Querol, el vendedor afectado, rompe en llanto al ver cómo los inspectores de Espacio Público le retiran su mercadería por falta de habilitación y controles bromatológicos.

David Querol, quien trabaja en una empresa de monitoreo de cámaras y vendía en la calle para ayudar a su madre jubilada, relató que la venta ambulante le resultaba más redituable que otras alternativas. "Salía todos los días para ayudar a mi mamá. Ambos teníamos como sueño que el emprendimiento crezca", contó Querol a los medios. Tras el decomiso, el joven y su madre decidieron suspender la venta callejera y enfocarse en la comercialización a través de redes sociales, debido al impacto emocional y la repercusión pública del caso.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, defendió la intervención de los inspectores y subrayó la importancia de hacer cumplir la ley para mantener el orden en la ciudad. "En la Ciudad estamos del lado de los que quieren trabajar, hacer las cosas bien y salir adelante. David es uno de ellos. Ya pusimos a su disposición todas las herramientas para que pueda crecer: formación, acompañamiento y un lugar para ser parte de nuestras Ferias", expresó Macri en sus redes sociales. Sin embargo, Querol matizó la versión oficial y señaló que la ayuda ofrecida fue "un 50% verdad y un 50% mentira", ya que solo le propusieron un curso de manipulación de alimentos y no recibió el acompañamiento prometido inicialmente.

El caso reavivó el debate sobre la informalidad laboral, la protección de la salud pública y la competencia leal en la Ciudad de Buenos Aires. Mientras algunos sectores defendieron la necesidad de controles para garantizar la seguridad alimentaria, otros manifestaron solidaridad con el joven y criticaron la falta de alternativas para quienes buscan generar ingresos en un contexto económico adverso. La situación evidenció la tensión entre la aplicación estricta de la normativa y la empatía social ante la precariedad laboral, en un escenario donde la recaudación y el consumo muestran signos de deterioro.