El decomiso de la mercadería de un joven vendedor ambulante en Costanera Sur, Ciudad de Buenos Aires, reavivó el debate sobre la regulación del trabajo informal y la respuesta estatal ante situaciones de vulnerabilidad social. David Querol, quien divide su tiempo entre un empleo formal y la venta de alfajores y budines para ayudar a su madre jubilada, sufrió la incautación de 35 alfajores y 15 budines por parte de inspectores de Espacio Público, debido a la falta de habilitación y controles bromatológicos.

El episodio, ocurrido el 12 de abril, fue captado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando una ola de solidaridad y cuestionamientos hacia la medida. "Me quise hacer el fuerte frente a los policías, pero cuando me abrazaron los clientes que ya me conocen porque me compran siempre, no me pude contener y me largué a llorar", relató Querol. El joven explicó que intentó tramitar el permiso correspondiente, pero le informaron que no se otorgan desde 2017.

Desde el gobierno porteño, el jefe de Gobierno Jorge Macri defendió el accionar de los inspectores y remarcó la importancia de "hacer cumplir la ley" para mantener el orden y proteger la salud pública. "Él quiere laburar, lo estamos ayudando. Le hemos ofrecido el asesoramiento de una ingeniera en producción de alimento para que pueda hacerlo bien", afirmó Macri, quien también destacó la disposición del Ejecutivo a brindar asistencia técnica y un espacio en ferias para regularizar la actividad.

Sin embargo, Querol sostiene que la ayuda oficial fue insuficiente y en parte "mentira", ya que solo le ofrecieron un curso de manipulación de alimentos y no recibió respuestas concretas para continuar su emprendimiento. Por el momento, él y su madre suspendieron la venta callejera y se enfocan en la comercialización a través de redes sociales, tras el impacto emocional y económico del decomiso.

El caso se inscribe en un contexto de creciente control sobre la venta ambulante en la Ciudad de Buenos Aires, en medio de una situación económica compleja que obliga a muchos a buscar ingresos alternativos. La discusión pública se divide entre la necesidad de regulación y la empatía hacia quienes buscan subsistir en condiciones adversas, mientras organizaciones sociales y usuarios de redes continúan expresando su apoyo al joven vendedor.